El Poder Ejecutivo reglamentó la ley de reparación a las víctimas de los grupos políticos armados que operaron entre 1962 y 1976. El decreto del gobierno establece de qué forma se elegirán los representantes de las víctimas en la comisión especial encargada de definir a quién le corresponde la indemnización y a quién no. La iniciativa impulsada por Cabildo Abierto, indica que habrá una reparación moral y patrimonial para las víctimas de los hechos ilícitos que «hayan sufrido la pérdida a de la vida, la incapacidad permanente, total o parcial, para el trabajo o la privación de libertad por más de sesenta y dos horas».

Para los representantes de quienes perdieron la vida la reparación será de US$ 150.000, mientras que para quienes sufrieron incapacitación permanente, total o parcial será de US$ 100.000, y en el caso de quienes fueron privados de su libertad por más de 62 horas será de US$ 50.000.

El actual ministro de Vivienda, el cabildante Raúl Lozano, dijo a través de sus redes sociales que «se hace justicia reparando a las familias víctimas de las organizaciones terroristas de las décadas ‘60 y ‘70».