El secretario general Valentín Martínez respondió al sindicato, que llevó el conflicto salarial a la Justicia. La administración sostiene que ya pagó la deuda de gobiernos anteriores y acusa a los municipales de querer "un poquito más". Un conflicto que expone una vez más la tensión entre las autoridades y los trabajadores del departamento.

 El conflicto entre la Intendencia de Rocha y el sindicato de municipales, ADEOM, ha escalado al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), pero mientras el gremio habla de "oídos sordos" por parte del Ejecutivo, la administración responde con una versión que invierte la carga de la responsabilidad. En una entrevista con el periodista José Luis Stol en Nueva Radio Lascano, el secretario general de la Intendencia, Valentín Martínez, defendió la postura del gobierno y acusó al sindicato de ir por más de lo que corresponde.

"Este es un reclamo que viene de larga data y que en el período pasado se asumió", explicó Martínez, en un intento por contextualizar el conflicto. Según el secretario general, la administración de Alejo Umpiérrez reconoció y pagó una deuda salarial generada en períodos anteriores, una acción que en su momento fue valorada por el propio sindicato. Sin embargo, el problema persistió cuando el gremio planteó la salarización de la deuda de 2020 a 2023, una demanda que la Intendencia rechazó.

"No corresponde" vs. "tenemos la razón"

La versión de Martínez es tajante. "Tuvimos un diálogo constante con ADEOM y marcamos nuestra postura, que es que no corresponde", afirmó. El secretario general insistió en que el gobierno ya hizo lo que debía hacer al reconocer y pagar la deuda anterior, y que la nueva exigencia es un intento de ir "por un poquito más", algo que, según él, no está justificado.

El funcionario se mostró sorprendido por las declaraciones del gremio que hablaban de una falta de diálogo. "Me sorprende, porque sobre este tema no se nos ha consultado", dijo. No obstante, al mismo tiempo que negó el cierre de puertas, reconoció que el hecho de que ADEOM haya recurrido al TCA "ya está más que hablado", dando a entender que el camino judicial, para el gobierno, cierra la vía de la negociación. Es una dicotomía que pone en evidencia la tensión de la relación: el gobierno dice que está abierto, pero la acción del sindicato lo interpreta como una declaración de guerra.

Una pelea sin impacto presupuestal, por ahora

Cuando el periodista preguntó si el reclamo podría comprometer el presupuesto departamental, Martínez respondió que la Intendencia ni siquiera ha hecho los cálculos. "No nos parece que corresponde, debido a que ya habiendo un presupuesto corriendo, esto ya no tendría que hacerse cargo ninguna administración", sentenció. Esta afirmación, sin embargo, choca con la posición del sindicato, que busca precisamente que la deuda sea incluida en el nuevo presupuesto.

A pesar de la escalada, Martínez insistió en que el diálogo para otras cuestiones no está roto. "El diálogo siempre, con diferencias, con cosas en común, pero cerrando la puerta al diálogo para otras instancias o para otras preocupaciones del gremio, no, para nada", concluyó.

El conflicto, que ahora queda en manos de la Justicia, expone la fragilidad de los acuerdos políticos y la dificultad de cerrar viejas heridas en el ámbito sindical. La versión del gobierno se opone a la del gremio, y mientras ambos se culpan mutuamente, la Justicia tendrá la última palabra sobre si el reclamo de los municipales es un derecho o, como dice la Intendencia, simplemente un intento de ir por "un poquito más".