Con un expediente en mano, el gremio de trabajadores vuelve al ataque y denuncia un nuevo incumplimiento salarial que se arrastra desde 2020.  En un duro mensaje, Héctor Pereyra Chury, ex presidente de ADEOM, sentenció que el gobierno de Alejo Umpiérrez "hizo oídos sordos" al reclamo. La batalla por la "salariazación" de una deuda ahora se dirime en los tribunales, en un conflicto que desentierra viejas heridas políticas.

 La historia sindical en Rocha no conoce la palabra "descanso". A casi una década de aquella huelga de hambre épica que puso en jaque al gobierno departamental, el conflicto entre el sindicato de municipales y la Intendencia vuelve a encenderse, pero esta vez con un ingrediente decisivo: la judicialización. El pasado miércoles, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Rocha (ADEOM Rocha) presentó un expediente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), llevando a la máxima instancia judicial un reclamo que la administración actual se negó a escuchar.

En una entrevista exclusiva con el periodista José Luis Stol en Nueva Radio Lascano, Héctor Pereyra Chury, ex presidente de ADEOM y figura central de la lucha gremial, no escatimó críticas. A pesar de haber dejado la presidencia, Pereyra Chury sigue activo y acompañó la instancia judicial, reflejando el compromiso inquebrantable de una militancia que se niega a olvidar.

"Se agotaron todas las instancias. El Gobierno Departamental hizo oídos sordos a nuestro reclamo", sentenció Pereyra Chury, apuntando directamente a la falta de voluntad política para resolver el conflicto. El reclamo es claro: la salarización de una deuda generada por un error de cálculo en un convenio colectivo que data de diciembre de 2015. Un acuerdo, recordó, que fue el resultado de aquella histórica huelga de hambre. "El tiempo dio la razón", afirmó, reafirmando que el sindicato siempre estuvo en lo correcto al advertir que el convenio no era del todo favorable.

Una deuda que se arrastra y la negativa a negociar

La historia de la deuda tiene un capítulo reciente. Pereyra Chury recordó que en noviembre de 2022, la asamblea del gremio había aceptado un pago por la deuda salarial del período anterior (2018-2022), un monto que superaba los cuatro millones y medio de pesos. "El ejecutivo en el período anterior aceptó que la Intendencia debía", reconoció, validando la legitimidad de sus reclamos. Pero la satisfacción fue parcial. Un quinto punto crucial, la salarización de la deuda de julio de 2020 a 2023, fue negada. "Lamentablemente tuvimos la negativa del ejecutivo de aquel entonces", declaró, explicando la decisión de acudir al TCA una vez que todos los plazos administrativos se vencieron.

Aunque la incidencia actual en el salario de cada trabajador no sea un monto "grande", Pereyra Chury advierte sobre la importancia de esta lucha de principios, ya que "al ir acumulándose en año y en futuro convenio, en un futuro más lejano va a significar una cifra importante". Es, en esencia, una batalla por la justicia salarial acumulada y por la validez de lo firmado.

Justicia, democracia y un acto de fe

Con la humildad de un "simple trabajador y un simple socio", Pereyra Chury reafirma su compromiso con el sindicato. Sin embargo, cuando el periodista insiste en el impacto presupuestal del reclamo, la respuesta es elocuente en su evasiva. "Es un trabajo que es arduo, que no se hace de un día al otro", y que deberá ser calculado por el sindicato. Pero lo que importa, insiste, es el principio de la lucha.

"Fui con el mismo convencimiento que fui a la huelga de hambre", declaró, en un gesto que enlaza el pasado con el presente. "Ahora va a ser el Estado, la democracia de este país, el órgano mayor que es el que va a decidir si estamos en el camino correcto o la intendencia está en el camino correcto". El conflicto en Rocha ha escalado a un nuevo nivel, donde la lucha gremial se funde con un acto de fe en las instituciones. Una fe que se pone a prueba ante el mutismo de la Intendencia, en un eco de viejas batallas que el tiempo se niega a borrar.