Tres escribanos fueron formalizados este lunes por una estafa que involucró la venta “trucha” de terrenos en Rocha. 
Hay un cuarto imputado, formalizado la semana pasada, era quien  figuraba como apoderado en los documentos que eran falsos y eran utilizados para las negociaciones de los terrenos, ubicados en particular en balnearios de Rocha.

La operativa, sin embargo, funcionaba en Maldonado desde donde operaban los tres profesionales involucrados, ya cuentan con antecedentes penales, informó FM Gente.

Según relató FmGente, la maniobra se dio a conocer luego de que un grupo de extranjeros, en su mayoría argentinos, presentaron la denuncia ante la venta ilegal que se habían hecho sobre terrenos de los que eran propietarios.

Se estima que este tipo de operativa se realizó desde el año 2011, la mayoría de las víctimas tienen más de 80 años e involucra una decena de padrones.  

Los terrenos están ubicados principalmente en El Caracol, Costa Bonita, El Bonete, sobre la ribera este la Laguna Garzón.   

También FmGente informó que desde Fiscalía se pedirá en los próximos días la formalización de un agente inmobiliario.

Formalización

En el caso de una de las mujeres fue imputada como “presunta autora de un delito de asociación para delinquir, reiterados delitos de falsificación ideológica de documento público por un funcionario público, todos en régimen de reiteración real”.

Al escribano se le imputó “la presunta comisión de un delito de asociación para delinquir, un delito de falsificación ideológica por un funcionario público, un delito de uso de documento público falso y un delito de estafa, todos en régimen de reiteración real”.

Por su parte, a la tercera profesional se la formalizó por “la presunta comisión de un delito de asociación para delinquir, un delito de uso de documento público falso, un delito de falsificación ideológica por un funcionario público y presunta co-autora de un delito de estafa, todos en régimen de reiteración real”.

Los tres deberán fijar domicilio y presentarse una vez por semana en la comisaría de su jurisdicción por 180 días, como medida cautelar.