El alcalde del Municipio de Castillos, Juan Manuel Olivera (PN), le solicitó al intendente Alejo Umpiérrez, "la inmediata cancelación de las acciones de demolición programada" por la dirección de Jurídica,  para viviendas en balneario Aguas Dulces.

Se le solicita al director del departamento jurídico, Dr Humberto Alfaro, y a ordenamiento territorial, la presentación de "un informe relativo a la vigencia, pertinencia  y aplicabilidad de las leyes 16.335 y 17.160".

El alcalde e integrantes del Consejo Municipal le recomiendan al intendente "la generación del ámbito de diálogo interinstitucional para la regulación "de Aguas Dulces" teniendo en cuenta la ley 17.160.

Según lo que señala el Alcalde," las citadas viviendas no presentan signos de deterioro y no representan peligro para las personas" como ocurrió en el mes de octubre del año 2016, cuando una sudestada, derribo unas 50 viviendas y dejó en estado ruinoso a otras  las que fueron demolidas por el Gobierno Departamental. 

Desde hace casi 50 años los propietarios de viviendas de Aguas Dulces mantienen diferencias con el gobierno departamental. La comuna entiende que es ilegal construir en la costa pero al mismo tiempo les cobra Contribución Inmobiliaria. Los vecinos sostienen que por estar en ese lugar desde hace tantos años, tienen derechos sobre esa parte de la costa.

En uno de los numerosos decretos y resoluciones municipales en el año 2016, prohibió que las viviendas destruidas por el mar o las inclemencias del tiempo puedan ser reparadas, con el fin de ir quitando construcciones de la costa.

En las últimas horas, quedó en manifiesto que el Concejo del Municipio de Castillos, tiene una postura sobre el intento del Gobierno Departamental, de derribar viviendas en el balneario. Aseguran que se trata de fincas construidas desde hace muchos años" poseedoras de número de registro muniicpal y todos los servicios estatales, lo que claramente resulta incongruente con la argumentación de irregularidad".

Para el Consejo Municipal, la dirección de jurídica, utiliza como base argumentativa para tratar de derribar viviendas "una ordenanza que a lo largo de los años ha demostrado ser rotundamente ineficiente en el cumplimiento del espíritu de regularización". 

Se entiende que estas demoliciones " no solucionan el problema de fondo de la faja costera" que insumen un alto costo operativo y que además son de "bajo impacto". En cuanto al gasto en estos procedimientos, se podían destinar para " cubrir necesidades en relación a labores de bacheo, caminería, pluviales, diversos reclamos y planteos que los vecinos realizan al Municipio diariamente".

El alcalde y su consejo entienden que la faja costera de Aguas Dulces " tiene una importancia relevante tanto desde el punto de vista histórico, patrimonial, social y turístico, así como también en el plano económico,representando con sus mas de 450 casas, siendo un caudal potencial de tributación y flujo de dineros por concepto de pagos de servicios estatales, mantenimiento edílicio, actividad turística y comercial que se deberá no solo regularizar sino también potenciar aligual que al resto del balneario" afirman en la misiva enviada al intendente Umpiérrez.  

Las demoliciones que se pretenden llevar adelante se dan en el marco del plan para "ajustar el nivel de ocupaciones a la legalidad", que comenzó meses atrás la Intendencia de Rocha.

En diálogo con Montevideo Portal, el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, explicó meses atrás que el objetivo de su plan de ordenamiento es para "evitar las ocupaciones ilegales de espacios públicos, predios municipales y estatales. Lamentablemente se ha hecho una costumbre esto porque en los últimos años no ha habido una política clara de contención de estos aspectos", agregó.

El intendente rochense sostuvo que las ocupaciones afectan "la seguridad jurídica y el desarrollo turístico de Rocha".

Marco Júridico

Fue entregado en al Congreso de Intendentes un proyecto elaborado por el director de jurídica de la IDR, Dr. Humberto Alfaro, que aportará herramientas a los Gobiernos Departamentales para combatir las usurpaciones de terrenos y construcciones ilegales en todo el país.

El propio Alfaro, afirmó en una charla con Rochaaldía que desde su dirección se asumen las omisiones existentes en el departamento y “ nos hacemos cargo” puntualiza.

Es momento de que las demás instituciones del Estado “ se hagan cargo de sus omisiones y contradicciones” que favorecen a los infractores sentenció el jerarca. Entre esas instituciones se encuentran Ute, Ose, Bps entre otras.

Entre marzo de 2019 y marzo de 2021, las denuncias por usurpaciones en todo el país fueron 3.128 según lo informado por el diputado (PN) Diego Echeverría.