El ministro del Interior, Carlos Negro, anunció que el desarme será eje central del nuevo Plan Nacional de Seguridad Pública. Según detalló, en Uruguay circula un millón de armas ilegales. El gobierno implementará un sistema de entrega voluntaria y abordará además los homicidios, la prevención del delito, la convivencia violenta y el colapso del sistema penitenciario, que ya alcanza las 16.700 personas privadas de libertad. El plan tendrá apoyo presupuestal y financiamiento del BID.

“Tenemos un millón de armas ilegales en circulación”. La frase no es de una organización social, ni de un informe académico. La pronunció el ministro del Interior, Carlos Negro, al presentar ante la Cámara de Comercio de Ciudad de la Costa lo que será uno de los pilares del inminente Plan Nacional de Seguridad Pública: el desarme.

Con un tono que mezcló diagnóstico crudo y promesa de acción, Negro anunció que el gobierno implementará un plan de entrega voluntaria de armas. “El desarme va a ser un eje central”, sentenció, en un país donde la circulación de armas fuera de los registros estatales no solo alimenta el delito, sino que se ha naturalizado como parte de una falsa sensación de defensa personal.

Pero el paquete es más amplio. El ministro detalló que el nuevo plan, que será presentado formalmente en los próximos días, no se limitará a las armas. También pondrá foco en los homicidios —cuya tasa se ha mantenido alta pese a los vaivenes de las políticas represivas—, la prevención del delito, la violencia en la convivencia cotidiana y, una vez más, el sistema penitenciario.

“Hoy tenemos 16.700 personas privadas de libertad. Si no actuamos, llegaremos a 20.000”, advirtió Negro, quien ya anticipó su comparecencia este jueves ante la Comisión sobre el Sistema Penitenciario del Parlamento. El mensaje es claro: las cárceles están desbordadas, y el Estado corre detrás de una realidad que no solo no controla, sino que muchas veces reproduce.

Según fuentes del Ministerio, el plan contará con financiamiento del presupuesto nacional y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que revela la magnitud estructural del proyecto, pero también el nivel de condicionamiento que podría implicar el financiamiento externo en materia de políticas públicas.

El anuncio no pasó desapercibido. En un contexto de creciente inseguridad percibida y de demandas sociales que oscilan entre el endurecimiento punitivo y la búsqueda de soluciones de fondo, el desarme aparece como una medida ambiciosa... y polémica. ¿Será suficiente? ¿Habrá voluntad política para sostenerlo más allá del impacto inicial? ¿Y qué papel jugarán los sectores que ven en el arma un símbolo de libertad más que una amenaza?

Mientras tanto, en los barrios más golpeados, la pregunta sigue siendo otra: ¿Quién protege a los que no tienen ni armas ni micrófonos?