El Senado se prepara para debatir un proyecto de ley que regula el ingreso a la función pública en gobiernos departamentales. Aunque fue aprobado por Diputados, desde el Partido Nacional advierten que es inconstitucional y no contempla las realidades del interior. El senador e intendente electo de Rocha, Alejo Umpiérrez, pidió postergar la discusión hasta que asuman las nuevas autoridades. Desde el Congreso de Intendentes admiten que la ley es “imperfecta” y reclaman más diálogo.

Tras la aprobación unánime en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que regula el ingreso a la función pública en los gobiernos departamentales llegará ahora al Senado, pero no sin polémica. Aunque fue presentado como un avance hacia la transparencia y la equidad en la administración pública, el texto enfrenta duras críticas desde el interior del país, especialmente de dirigentes del Partido Nacional.

Uno de los más duros fue Alejo Umpiérrez, actual senador y futuro intendente de Rocha, quien cuestionó tanto el contenido como la oportunidad política del proyecto. “Primero debe involucrarse a todos los actores relevantes: el Congreso Nacional de Ediles, la Federación de Municipales y los nuevos intendentes que asumirán pronto”, advirtió en diálogo con Montevideo Portal.

Para Umpiérrez, el proyecto, aunque corregido parcialmente, “sigue siendo jurídicamente pobre” y no contempla las particularidades de cada gobierno local. “Pone al barrer todas las formas de ingreso: zafrales, temporales, becarios. ¿Se llama a concurso todos los años? ¿Qué pasa si muere un médico en el medio rural o si se rompe una motoniveladora esencial para una cuadrilla? ¿Se paraliza todo por meses?”, cuestionó.

“Desde Montevideo lo ven bárbaro”

En la misma línea, el senador y exintendente de Cerro Largo, Sergio Botana, remarcó que el proyecto desconoce las diversas realidades de los departamentos y criticó su carácter centralista. “Desde Montevideo lo ven bárbaro, pero en el interior esto genera problemas todos los días”, expresó con firmeza.

Botana defendió las soluciones propias implementadas en algunos gobiernos departamentales, como el caso de Cerro Largo, donde se introdujo un criterio de evaluación social para los ingresos a la función pública, privilegiando a quienes más lo necesitan. “Nosotros encontramos un camino, pero no es uno único. Depende de cada departamento”, enfatizó.

El senador nacionalista también alertó sobre la pérdida de autonomía de las juntas departamentales, afirmando que el proyecto es “un verdadero atrevimiento”. “¿Cómo puede ser que un intendente no pueda decidir, con dos tercios de su junta, cómo gestionar sus funcionarios?”, planteó.

Un texto imperfecto que divide

La semana pasada, el Congreso de Intendentes fue convocado por la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Su presidente, Carmelo Vidalín, admitió que “existe un consenso relativo a que esta es una ley imperfecta”. El intendente de Durazno pidió prudencia y más diálogo antes de avanzar con la norma.

La crítica central de los dirigentes nacionalistas es que el proyecto invade competencias departamentales consagradas en el artículo 61 de la Constitución, el cual otorga a cada gobierno local la potestad de regular el estatuto del funcionario. “La ley 16.127 ya intentó algo similar en 1991 y fue declarada inconstitucional”, recordó Umpiérrez.

Por eso, desde el interior se propone blindar la ley mediante el acuerdo previo con todos los intendentes y un nuevo texto que contemple situaciones especiales, urgencias operativas y categorías contractuales diversas.

Mientras tanto, el Senado se prepara para recibir una discusión que trasciende el debate técnico y abre un conflicto político de fondo: el equilibrio entre eficiencia, transparencia y autonomía departamental.