En una movida que promete generar ruido en calles y caminos del país, el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) acordaron un ambicioso plan de impacto para controlar el uso de motocicletas, en el marco de un fenómeno creciente que mezcla informalidad, picadas ilegales y delitos cometidos sobre dos ruedas. La reunión, que tuvo lugar este lunes en la sede ministerial, reunió al subdirector de la Policía Nacional, Comisario General Alfredo Clavijo, y al presidente de Unasev, Marcelo Metediera. Ambos coincidieron en la urgencia de poner un freno al descontrol que reina en buena parte del parque de motos del país, especialmente en el área metropolitana, donde los problemas de seguridad vial y pública se han multiplicado.

 Motochorros, picadas y motos sin papeles

"Hay que ordenar. No se trata de criminalizar al que va a trabajar en moto, pero tampoco podemos seguir permitiendo que se use la moto para delinquir", señaló Clavijo tras el encuentro. El jerarca policial explicó que el operativo se desplegará en varias etapas: primero, una campaña de concientización y comunicación; luego, facilidades para que los usuarios regularicen sus vehículos; y finalmente, controles más estrictos, con incautación inmediata de aquellas motos que no estén en regla.

En paralelo, el Ministerio del Interior ya trabaja en propuestas legislativas que incluirían la obligación de que toda moto vendida cuente con empadronamiento y Seguro Obligatorio de Automotores (SOA). Una medida que apunta directamente al mercado informal de motos, donde la trazabilidad brilla por su ausencia.

 El foco estará en Montevideo y su zona de influencia

Metediera, titular de Unasev, fue tajante: “Hay que proteger al trabajador y separar a quienes usan la moto para producir del que la usa para cometer ilícitos o correr picadas”. Además, confirmó que se reunirá con el Congreso de Intendentes y que esta misma semana comenzarán los contactos con Presidencia para definir detalles del plan.

Según trascendió, el despliegue inicial estará centrado en Montevideo, Canelones y San José, donde la densidad del parque de motos es alta y los episodios de inseguridad se han vuelto moneda corriente.

 Debate abierto: ¿medida de orden o exceso de control?

El plan ya genera expectativa —y también inquietud— entre sectores vinculados al delivery, la mensajería y el comercio informal, que temen ser arrastrados en la misma bolsa que quienes usan la moto para delinquir. Desde el gobierno aseguran que no habrá “cacería de motos”, sino un proceso progresivo y ordenado.

En un país donde más del 50% del parque automotor son motocicletas, el desafío no es menor: regular sin asfixiar, controlar sin estigmatizar. El nuevo plan marcará un antes y un después en la relación entre motos y seguridad.

La calle empieza a sentir el cambio. Y esta vez, parece que el motor está encendido.