La Justicia de Rocha condenó a una mujer de 37 años por una serie de hurtos cometidos en comercios de La Paloma. La imputada había sido beneficiada con libertad a prueba y prisión domiciliaria con tobillera electrónica, pero incumplió reiteradamente las medidas, cometió nuevos delitos y se retiró el dispositivo de monitoreo. Tras una nueva intervención policial, fue detenida y condenada a 16 meses de prisión efectiva, dando por finalizadas las medidas alternativas.

El Caso

La Justicia de Rocha condenó a una mujer de 37 años por su responsabilidad penal en una serie de hurtos cometidos en comercios de La Paloma, en una causa que se remonta al invierno pasado y que tuvo nuevas derivaciones tras el incumplimiento de medidas judiciales previamente impuestas.

Según información oficial, la investigación permitió establecer la identidad de la autora de varios hurtos registrados en locales comerciales de la zona, lo que derivó en su detención y posterior condena inicial. En aquella instancia, la mujer fue declarada autora penalmente responsable de cinco delitos de hurto —uno de ellos en grado de tentativa— y se le impuso una pena de seis meses de prisión a cumplirse bajo el régimen de Libertad a Prueba, en el marco de un proceso abreviado.

Entre las condiciones dispuestas por la Justicia figuraba la prisión domiciliaria con colocación de dispositivo electrónico. Sin embargo, la imputada incumplió reiteradamente la medida, ausentándose de su domicilio, cometiendo nuevos ilícitos y retirándose el dispositivo de monitoreo, lo que motivó una nueva intervención policial y su posterior detención.

Tras las actuaciones correspondientes, la Justicia Letrada de 2.º Turno de Rocha resolvió condenar a V.V.M., poseedora de antecedentes penales, como autora penalmente responsable de cuatro delitos de hurto —uno de ellos especialmente agravado— y un delito de retiro o destrucción de dispositivos electrónicos.

La sentencia establece una pena de 16 meses de prisión efectiva, nuevamente en el marco de un proceso abreviado, dando por finalizada la etapa de medidas alternativas ante el reiterado incumplimiento de las disposiciones judiciales.