Una resolución interna del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) puso en evidencia que el Directorio aprobó una compra directa por USD 250.000 a la Universidad Atlántida, para financiar una diplomatura dirigida a funcionarios, aun cuando los equipos técnicos del organismo advirtieron que la justificación presentada no alcanzaba para habilitar la excepción prevista en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF).

La decisión se tomó el 5 de diciembre, en una sesión virtual donde el tema ingresó como “asunto extra y urgente” mientras autoridades del organismo participaban en actividades fuera de Montevideo. El expediente, de 123 folios, proponía adquirir 300 cupos de la “Diplomatura Superior Universitaria en Infancias e Instituciones” y sostenía que podía contratarse en forma directa por tratarse, supuestamente, de un servicio exclusivo. Para ampararse en el artículo 33 literal D del TOCAF, la normativa exige acreditar en forma fehaciente esa causal, con informe fundado, demostrando que no existe ninguna otra institución capaz de ofrecer un servicio equivalente en contenido, metodología y estructura académica. Sin embargo, el propio Departamento Técnico de Adquisiciones afirmó que los elementos presentados no permitían acreditar la exclusividad “de manera fehaciente” y recomendó consultar a tres o cuatro instituciones nacionales de referencia para verificar que no estuvieran en condiciones de brindar una capacitación similar, un paso que no se cumplió.

La documentación también muestra que semanas antes, el INAU había impulsado un convenio con la misma universidad argentina, pero el Departamento Notarial observó que, por el monto, debía intervenir preventivamente el Tribunal de Cuentas, que la Constitución exige la participación del Poder Ejecutivo y que la institución extranjera debía presentar personería jurídica apostillada. Ese expediente fue archivado el 7 de noviembre.

Un mes después, la iniciativa reapareció reformulada como compra directa y fue aprobada con el doble voto del presidente interino, Mauricio Fuentes, y con la abstención de la directora por la oposición, Carina Gómez, quien dejó por escrito los argumentos de su posición. En su fundamentación señaló que la causal de excepción no estaba debidamente acreditada según el informe técnico y que el asunto había sido incorporado como punto extra en una sesión virtual, sin discusión presencial en el Directorio.

El documento interno deja registro de que la resolución avanzó pese a las advertencias técnicas sobre la falta de sustento para aplicar la causal de exclusividad y sin que se cumplieran los requisitos que los propios servicios del organismo consideraban necesarios para validar un gasto de un cuarto de millón de dólares.