En el marco de la investigación administrativa decretada en 2022 para aclarar la desaparición de 35 toneladas de carne en la Armada, se le pidió colaboración al departamento contable de esa fuerza.

La contadora Gisel Aguirre analizó los papeles y el 30 de marzo de 2023 informó que el faltante de carne facturada en los años 2021 y 2022 era mayor al sospechado: no eran 35 sino más de 57 toneladas las que se habían comprado y pagado pero nunca habían llegado. Para ser más exacto 57,398.

El análisis contable también encontró que la empresa que había vendido la carne, el frigorífico Saturno, no había respetado los precios fijados en las licitaciones que había ganado. Había cobrado precios mayores. “Esto resultó en la entrega de menos kilos de carne que los adjudicados de acuerdo al monto facturado y pagado a la empresa”, señaló la contadora.

Un tercer hallazgo de la contadora fue que se hacían “conversiones” para comprar cortes no licitados. Los almirantes pedían lomo y otros cortes como colita de cuadril, asado, chorizo que se compraban descontando el saldo de bondiola, que era el corte licitado.

Pero cuando eso ocurría, el frigorífico fijaba por sí y ante sí el precio de esos cortes. Dice el dictamen del departamento contable de la Armada: “Los precios de los cortes que se entregaban a cambio de la bondiola eran impuestos por la empresa y se pueden considerar en algunos casos muy por encima de los valores del marcado”.

Los remitos que pretendieron encubrir estas maniobras adolecen de gruesas irregularidades.

Tienen un sello distinto al usado en la carnicería cuando se recibían los pedidos que sí entraban a la Armada, están firmados por no se sabe quién.

Muchos de ellos le fueron entregados a una suboficial por el capitán de fragata Raúl Nieto en la plaza Cuba.

El capitán de navío Fernando Varietti y el capitán de fragata Nieto, 2do jefe del Servicio de Aprovisionamiento de la Armada, y jefe de suministros respectivamente, son los más comprometidos.

Tras esta investigación administrativa, el departamento jurídico de la Armada concluyó que ambos debían ser sometidos a un sumario administrativo por haber cometido faltas muy graves, “pasibles de baja como sanción”. La Armada denunció el caso ante la Fiscalía y además les decretó un Tribunal de Ética.

El caso llegó a Fiscalía en mayo de 2023. Primero lo tuvo el fiscal Ricardo Lackner, luego la fiscal Silvia Porteiro y en mayo de 2025 recayó en el despacho de la fiscal Sandra Fleitas. Ya habían pasado dos años.

Poco antes de dejar su puesto, Porteiro había ordenado un allanamiento en oficinas de la Armada para hacerse de la documentación que permitiera estudiar el caso. Fleitas ordenó nuevas actuaciones tendientes a hacerse de los papeles que permitieran analizar las maniobras contables detrás del faltante de carne (y también otros víveres) comprados con dinero público por la Armada.

El abogado Cristóbal González, defensor de la suboficial a la que le ordenaron ir una noche a la plaza Cuba a recibir los remitos aparentemente falsos, dijo en el programa Desayunos Informales que la Armada entregó a los investigadores policiales varias bolsas negras de nylon, de las que se usan para tirar la basura, llenas de documentos variados y desordenados, complicando ela investigación.

Fuentes de Fiscalía confirmaron que efectivamente la información proporcionada carecía de cualquier orden.

Ante la dificultad de avanzar, la fiscal Fleitas pidió el auxilio de Carina Liguori, la única contadora con la que cuentan las tres fiscalías de delitos económicos y la de Lavado.

Que Liguori pasara a dedicarse algunas horas semanales a investigar las maniobras en las compras de alimentos de la Armada no le gustó a todos. Se adujo que la contadora le dedicaría menos tiempo al estudio de otro caso importante, el de Conexión Ganadera.

El 18 de junio de 2025 La Diaria publicó una nota con un título de denuncia: “Fiscalía redujo horas en la Investigación de Conexión Ganadera”.

En la nota se decía que la contadora dedicaría menos horas a la investigación de las estafas ganaderas para trabajar con la fiscal Fleitas, pero no sé decía en cuál caso.

Se reproducían declaraciones del abogado Juan Pablo Decia que cargaba contra la fiscal Mónica Ferrero: “El mensaje de la fiscalía de Corte va en sentido contrario al que esperan las víctimas y la sociedad toda”.

Pero el verdadero problema no era la decisión de Ferrero, sino la cuestión de fondo: el desatino de que las tres fiscalías de delitos económicos, que tienen decenas de casos relevantes y complejos, tengan un único profesional contable para sus investigaciones.

Al contrario de las declaraciones de Decia y del título de La Diaria, el problema no es que Ferrero haya ordenado que la contadora Liguori también ayude en el caso de la Armada. (¿Qué pretenden? ¿Qué quede impune?). El problema es estructural y mucho más grave. El problema es un diseño del aparato estatal que permite cientos de gastos superfluos y ridículos (que el presidente de la Cámara de Representantes use el dinero público para regalar tablitas y cubiertos para comer asado, o que el Banco República compre galletitas con sobreprecio, por poner solo dos ejemplos recientes), pero las grandes estafas quedan impunes porque hay un único contador para atenderlas a todas.

Uno se pregunta qué tan casual es este diseño. En este caso, no se necesita una investigación muy profunda para llegar a una respuesta.

Molesto a Fleitas cada pocos días para preguntarle si hubo avances en el caso.

Pocas novedades por el momento. Liguori ha comenzado a estudiar los papeles, también visitó la sede del frigorífico Saturno, pero todavía falta trabajo y tiempo. “Una contadora para tres fiscales es un absurdo”, escribió la fiscal en una de sus respuestas.

Pero ahora resulta que Liguori deja el cargo porque el Banco Central, que es su oficina de origen la convocó y debe dejar el pase en comisión por lo que la fiscalía de Fleitas y las otras fiscalías especializadas se quedan sin el apoyo técnico de la contadora. Trabajará hasta fin de febrero.

En forma paralela, los Tribunales de Ética a los que fueron sometidos Nieto y Varietti en la Armada, son un misterio.

Según fuentes de esa fuerza, ambos estaban ya concluidos en julio de 2025. Sin embargo, sus fallos no han sido comunicados a la opinión pública. Y menos se sabe si la ministra Sandra Lazo y el presidente Yamandú Orsi homologaron o no la decisión tomada, sea cual sea la que haya sido.

He preguntado al respecto infinidad de veces a la ministra Lazo. La última vez el 30 de enero. No recibí respuesta.

También he molestado muchas veces a la fiscal Ferrero por este tema. En la última comunicación me confirmó que ya se había realizado un llamado para dotar de contador a las fiscalías de delitos económicos.

El problema es que el proceso de selección lleva meses. Tendrán un contador fijo pero mientras tanto las investigaciones seguirán demoradas. Quién sabé hasta cuándo.