En la era digital se instaló una creencia cómoda: que detrás de un perfil falso se puede decir cualquier cosa sin consecuencias. Pero esa idea, según fuentes policiales consultadas por Rochaaldia, es más mito que realidad.

“Todos los perfiles dejan rastros”, explicaron desde el ámbito policial. Cada conexión genera una dirección IP, cada publicación transita por servidores, cada interacción deja huellas técnicas. “Nos podrá llevar más tiempo o menos tiempo, pero existen herramientas para llegar a la persona”, señalaron. El anonimato absoluto, en términos tecnológicos, no existe.

La advertencia no es menor. Porque lo que suele presentarse como broma, ironía o simple opinión muchas veces deriva en difamación, injurias o escraches sin sustento. Y esas conductas no solo pueden tener consecuencias penales: también habilitan la vía civil. Cualquier persona que se considere víctima puede accionar judicialmente contra quien resulte responsable.

Más allá del aspecto jurídico, el fenómeno es cultural. Las redes sociales han construido una ficción de poder: la ilusión de dominio desde la sombra. Se agrede a una foto de perfil, a un nombre, a una idea. Se elimina el rostro del atacante y con él, la culpa.

En la era analógica, quien difamaba debía exponerse. Hoy el teclado actúa como escudo. Y esa protección aparente ha redefinido la cobardía. No se trata de libertad de expresión; se trata de responsabilidad. Porque opinar no es calumniar. Criticar no es inventar. Informar no es destruir reputaciones.

El problema se agrava cuando terceros replican sin verificar. La viralización sin pruebas transforma la mentira en ruido colectivo. Y el daño, aunque digital, es profundamente real.

¿Es posible compartir un agravio sin evidencia alguna? Sí, es posible. Ocurre todos los días.
¿Es inocuo? No.

La tecnología avanza. Las herramientas de rastreo también. Lo que no debería retroceder es la ética pública. Porque detrás de cada pantalla hay una persona. Y detrás de cada agravio, una responsabilidad.