La salida de los dos representantes del Poder Ejecutivo en el directorio de la Caja de Profesionales –por votar una partida mensual de $ 131 mil para los directores– sigue generando repercusiones políticas. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, compareció este martes ante la comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados y defendió la postura de que el gobierno no estaba al tanto de que se iba a votar la mencionada partida y que no había directrices para los representantes del Ejecutivo en este tema.

Sin embargo, la posición de los directores que dejaron el cargo es distinta y uno de ellos, Gustavo Rodríguez, detalló en diálogo con El Observador cuáles eran las indicaciones que habían recibido de la Dirección General de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo sobre este tema.

“Hubo un error y se solucionó políticamente el error”, dijo el ministro Castillo en rueda de prensa luego de la comparecencia ante el Parlamento y agregó que los delegados se equivocaron cuando “votaron una cosa que va contra la ley”. La reforma de la seguridad social, aprobada en 2023, estableció que a partir de 2026 los integrantes del directorio de la Caja pasaban a ser “honorarios”.

“Nosotros no podemos dar órdenes concretas sobre lo que no estábamos enterados ni qué día se iba a aprobar, qué se iba a aprobar y cuál era la actitud que iban a tomar los directores. No recibieron del ministro de Trabajo ninguna orden en ese sentido”, aseguró el titular del Ministerio de Trabajo.

Y en eso coincide con Gustavo Rodríguez. Tanto él como María Noel Sanguinetti, la otra directora, reportaban a la Dirección General de Seguridad Social y nunca hablaron con el ministro sobre este tema. Sin embargo, Rodríguez asegura que sí habían recibido directivas.

“Se nos había dado un marco, se nos dio instrucciones”, aseguró el ahora exdirector de la Caja de Profesionales que asegura que llegaron desde la Dirección de Seguridad Social porque prefiere “no personalizarlo” en el director Leonardo Di Doménico.

¿Cuáles eran las indicaciones que habían recibido según Rodríguez? Que los delegados del Poder Ejecutivo no podían tomar la iniciativa en este tema y que en caso de que alguno de los otros directores lo planteara, el monto que se decidiera pagar tenía que ser menor a lo que le costó a la Caja los salarios de los directores en 2025.

En el mismo sentido se había expresado Sanguinetti en su carta de renuncia: “Mi actuación en las instancias cuestionadas se realizó en cumplimiento de un mandato recibido y bajo la sugerencia directa de los representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.

Y las directrices que habían recibido desde la Dirección General de Seguridad Social se cumplieron: la propuesta de votar una remuneración fue del entonces director en representación de los jubilados, Robert Long, y el monto acordado era menos del 50% de lo que se pagaba en 2025.

Consultado por El Observador, Di Doménico, que se encontraba de licencia al momento de la votación, prefirió no responder a las afirmaciones de Rodríguez y aseguró que su postura era la presentada en el Parlamento por el Ministerio. "Desde que se votó esto han habido una cantidad de versiones y en muchas de ellas no hay evidencia que le den veracidad", aseguró y dijo que las actas del Directorio de la Caja de Profesionales eran claras.

El Observador revisó las actas de las dos sesiones en las que se habló del tema. En la del 8 de enero, cuando Long planteó el tema, los dos delegados del Poder Ejecutivo dijeron estar de acuerdo pero Sanguinetti señaló que tenían que hacer las consultas correspondientes. En la del 15 de enero, cuando finalmente se votó, el Directorio decidió pasar a régimen de comisión general y, por lo tanto, no hay versión taquigráfica del momento en el que se trató el tema.

Los delegados del Poder Ejecutivo venían conversando de este tema con el equipo económico y el Ministerio de Trabajo desde febrero de 2025, antes de asumir (tomaron posesión del cargo en abril), porque el objetivo del gobierno era modificar la ley de 2023 para que los directores pudieran recibir una dieta.

En el proyecto de salvataje de la Caja enviado por el actual gobierno en 2025 al Parlamento había un artículo que establecía que “sin perjuicio” de lo establecido en la ley de 2023, el Poder Ejecutivo podía “prever un régimen de compensación de gastos o de viáticos indispensables para los integrantes del Directorio, con el objetivo de favorecer el mejor desempeño de la función”.

Pero ese artículo quedó por el camino en la discusión parlamentaria por el rechazo de la oposición. Pese a esto y al informe de la Asesoría Jurídica que decía que votar una partida de ese tipo era ilegal, a mediados de enero el directorio de la Caja de Profesionales aprobó, con el respaldo de los delegados del Poder Ejecutivo, la partida de $ 131 mil para los directores.

Eso desencadenó fuertes cuestionamientos desde la oposición y el gobierno decidió aceptar la renuncia de Sanguinetti y pedirle a Rodríguez que hiciera lo mismo. El directorio de la Caja, además, votó una semana después rectificar esa decisión y los cargos se mantienen como honorarios.

Desde la oposición aseguraron que tras la comparecencia del ministro “quedaron más dudas que certezas” y que no pudieron “esclarecer quién miente”, según dijo a El Observador el diputado colorado Adrián Juri.

Rodríguez cuestiona que tanto el gobierno como el Parlamento interpreten que los cargos honorarios no pueden recibir ningún tipo de remuneración y para ello se remite a las cinco acepciones que la Real Academia Española tiene de “honorario” ya que ninguna habla de no recibir un salario. Incluso, una de ellas hace referencia a “honorarios” que cobran algunas profesiones al ejercerlas de forma independiente.

Para Rodríguez, además, es prácticamente imposible compatibilizar el trabajo en el directorio (que no solo hace una dirección política de la Caja sino que también participa en la gestión a través de la comisión de prestaciones) con una actividad laboral.

El ahora exdirector, abogado de profesión pero ya jubilado, lamentó que desde el gobierno no le hayan permitido dar explicaciones y que le hayan pedido la renuncia para “apagar un incendio”. “Los que creen que tiene que ser honorario no tienen ni idea de la dimensión de este trabajo”, apuntó.