La decisión del Congreso de Intendentes de impedir, a partir de marzo, el pago de la patente de rodados a quienes mantengan multas de tránsito impagas volvió a instalar un debate de fondo sobre el sistema de recaudación departamental, la eficacia del castigo económico y las tensiones entre autonomía y coordinación nacional. En ese escenario, el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, salió a respaldar la medida y la definió como una corrección necesaria frente a niveles de morosidad que, según admitió, han vaciado de contenido punitivo a las infracciones de tránsito.

En declaraciones al Informativo Sarandí, Umpiérrez sostuvo que la desvinculación entre el pago de la patente y las multas es una discusión de larga data, con impactos muy distintos según el departamento. “Hay gobiernos departamentales que concentran la mayor cantidad de infracciones y, por lo tanto, son los más perjudicados cuando las multas no se cobran”, explicó.

El jefe comunal señaló que departamentos como Montevideo, Maldonado, Canelones o Colonia concentran un volumen significativo de sanciones, en parte por la infraestructura vial y el uso extendido de radares. En esos casos, la separación entre patente y multas termina generando un doble efecto negativo: las sanciones dejan de cumplir su función disuasiva y, al mismo tiempo, se produce un perjuicio económico directo para las intendencias.

“No es el caso de Rocha, pero hay departamentos donde la gente no paga las multas y estas quedan en el olvido. Ahí se pierde el fin punitivo y se afecta la recaudación”, afirmó Umpiérrez, al justificar el cambio de criterio adoptado por el Congreso de Intendentes.

La medida no llega sola. A partir de marzo, el sistema incorporará incentivos para regularizar deudas acumuladas. Las multas de tránsito tendrán un descuento del 50% si se abonan junto con la segunda cuota de la patente, y del 30% si se opta por el pago en cuotas. Además, quienes hayan abonado la patente 2026 en enero y estén al día con sus multas recibirán la devolución correspondiente en su cuenta corriente.

Umpiérrez aprovechó también para referirse al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), un mecanismo que, según recordó, generó resistencias en sus inicios. “Yo en principio me opuse, porque entendía que podía violentar las autonomías departamentales”, reconoció, al señalar que cada intendencia debería poder fijar el valor de la patente en función de su infraestructura y su gerenciamiento económico.

Sin embargo, el intendente admitió que el Sucive terminó consolidándose como una herramienta financiera eficaz. “Fue un buen mecanismo para todos los gobiernos departamentales. Hoy funciona como un fideicomiso, es una entidad autónoma del Congreso de Intendentes y se actualiza por precios de mercado, no por decisiones políticas”, explicó.

En ese marco, la discusión sobre la relación entre patente y multas reaparece como uno de los nudos centrales del sistema. Separarlas o no, cobrar o condonar, castigar o incentivar: las soluciones posibles son múltiples, pero el diagnóstico parece compartido. Cuando las multas no se pagan, el sistema pierde legitimidad y los gobiernos departamentales, recursos.