Tras varias diferencias, Uruguay y Argentina llegaron a un acuerdo para dragar el canal Martín García
El domingo primero de febrero se vence la adjudicación para el mantenimiento del dragado del canal Martín García, una vía navegable estratégica que permite el ingreso de buques de gran calado a puertos de Argentina y Uruguay.
La gestión está en manos de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), cuyos integrantes chocaron durante varios meses acerca de qué hacer en el futuro, aunque recientemente –y tras ceder ambas partes– llegaron a un acuerdo para lanzar una nueva licitación para su dragado.
La decisión se tomó en la sesión del 21 de enero y fue publicada en el Diario Oficial el lunes 26.
Será para mantener, ensanchar y eventualmente mejorar los canales del Río de la Plata entre la Barra del Farallón en el kilómetro 39 y el kilómetro cero del río Uruguay.
Son unos 106 kilómetros de vía navegable. El dragado deberá mantener una profundidad de 34 pies (10,3 metros) en fondos blandos y de 38 pies (11,58 metros) en fondos duros o rocosos.
Las ofertas podrán presentarse hasta el 16 de marzo. Los pliegos cuestan US$ 50 mil y las empresas deberán constituir una garantía por US$ 1 millón. El plazo del contrato será de cinco años, automáticamente prorrogable por igual período y con las mismas condiciones.
De acuerdo a los documentos revisados por El Observador, el ganador será quien presente el precio más bajo entre los “oferentes calificados” por la CARP. También deberá realizar un mantenimiento preventivo y correctivo de un sistema de 124 boyas demarcatorias.
“Actualmente, la vía navegable de los canales está operativa, dragada a diseño y señalizada”, dice la CARP en uno de los documentos, mientras que en otro agrega que el canal está diseñado para permitir la navegación de buques de diseño de 245 metros de eslora y 32,60 metros de manga.
Idas y vueltasDado que la concesión actual se vence el domingo, la CARP negoció con las empresas para que mantengan el dragado hasta que se adjudique la licitación. Fuentes de la CARP dijeron que la situación está encaminada.
“Lo importante es que el canal se mantenga a diseño con una empresa que lo drague, por lo que esta solución contempla ambas expectativas”, señaló un informante de la comisión.
La fuente agregó que los países se pusieron al día con CBDI, el consorcio integrado por la holandesa Boskalis y la belga Dredging International, ya que le debían US$ 5 millones.
Inicialmente, Uruguay quería prorrogar por un año la concesión y luego realizar la licitación, pero Argentina no estaba de acuerdo, en parte porque está enfrentada con Dredging International.
El argumento uruguayo era que era conveniente esperar a que Argentina realice la licitación de la Vía Navegable Troncal (VTN), su principal ruta fluvial cuyo sistema de canales integra la Hidrovía Paraguay-Paraná y concentra más del 80% del comercio exterior argentino.
Esta licitación está en curso ya que fue anunciada a fines de diciembre y hay plazo para presentar ofertas hasta fines de febrero.
No es la primera vez que el gobierno argentino realiza este intento. A principios de 2025, Milei declaró nula una licitación a la que solo se había presentado Dredging International.
Previamente, la empresa había recurrido los pliegos por entender que tenían “un direccionamiento en favor del grupo Jan De Nul, pero al observar que solo ella se presentó –cuando once empresas habían manifestado su interés– el gobierno argentino anuló el proceso y lo derivó a Defensa de la Competencia para que “investigue la posible presión” de esta firma o “la existencia de una presunta asociación ilícita en perjuicio del Estado y los productores argentinos”.
El vocero presidencial Manuel Adorni habló entonces de que llamaba “poderosamente la atención que, pese a haber más de 11 empresas inscriptas para participar, de haber recibido consultas formales y de tener conocimiento informal de que algunas compañías ya estaban preparando su documentación licitatoria para competir, solo se hubiera presentado “una única oferta”, por parte de la empresa “que se ocupó de detener el proceso con denuncias sobre una supuesta falta de transparencia que no era tal”.
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