A 72 horas de aprobado el presupuesto departamental de Rocha, el Frente Amplio realizó este viernes una conferencia de prensa en la que cuestionó con dureza varios aspectos del texto votado en la Junta. Los ediles del MPP Pablo Larrosa y Felipe Gonzalez —junto al presidente departamental José Luis Onandi y el vicepresidente Bruno Díaz— señalaron falta de transparencia sobre el endeudamiento, creación de nuevos cargos, pérdida de derechos laborales y una distribución desigual de la inversión entre municipios.
Si bien aclararon que votaron el presupuesto por responsabilidad institucional, advirtieron que no acompañarán medidas que impliquen retrocesos sociales ni mayor endeudamiento para el departamento.

El martes, la Junta Departamental de Rocha aprobó por unanimidad el Presupuesto Quinquenal. Apenas tres días después, el Frente Amplio salió a escena con una conferencia de prensa que buscó instalar una lectura alternativa del documento votado y, sobre todo, poner en debate el rumbo político, financiero y social de la administración departamental.

Participaron los ediles del MPP Pablo Larrosa y Felipe Gonzalez, junto al presidente de la Departamental frenteamplista José Luis Onandi y el vicepresidente Bruno Díaz. El mensaje fue claro desde el inicio: el Frente Amplio votó el presupuesto por responsabilidad institucional, pero no lo avala políticamente.

Responsabilidad institucional, objeción política

Onandi abrió la conferencia agradeciendo a la prensa y subrayando el trabajo de la bancada frenteamplista, que —según remarcó— debió analizar 179 artículos en un plazo exiguo, consecuencia directa de una decisión política del oficialismo de priorizar antes el fideicomiso que el presupuesto, pese a que este último tiene plazos constitucionales.

“Concurrimos a la sesión con la disposición de votar el presupuesto como herramienta necesaria para el funcionamiento del gobierno”, sostuvo. Pero aclaró: “Eso no significa que estemos de acuerdo con todos sus contenidos”.

El Frente Amplio reivindicó su rol histórico en la recuperación financiera de la Intendencia, recordando que asumió el gobierno departamental a comienzos de los años 2000 con una comuna “prácticamente quebrada, con líneas de crédito cortadas y trabajadores sin cobrar”. Esa memoria no fue casual: buscó marcar contraste con un presente que, según la oposición, carece de transparencia.

“Presupuesto de marquesina”

Uno de los conceptos que más resonó fue el de “presupuesto de marketing político” o “presupuesto de marquesina”. La definición apunta a un documento —según la oposición— cargado de anuncios y luces, pero débil cuando se lo desarma artículo por artículo.

Gonzalez  fue contundente: de los 100 millones de dólares en inversiones anunciadas, sólo 65 millones serían reales. El resto se compone de partidas nacionales ya previstas y de endeudamiento. 

“No hay magia. No hay destreza extraordinaria. Hay relato”, afirmó.

Además, advirtió que el quinquenio prevé 200 millones de dólares en salarios y empresas contratadas, junto a la creación de 27 cargos nuevos, varios de ellos —según dijo— “con nombre y apellido”, vinculados a compromisos políticos previos.

Endeudamiento y déficit: el dato ausente

Pablo Larrosa profundizó uno de los ejes más sensibles: la falta de información clara sobre el déficit acumulado de la Intendencia. Según señaló, al cierre de 2024 el endeudamiento rondaba los 20 millones de dólares, pero el presupuesto no explicita con precisión la situación financiera actual.

“No saber exactamente de dónde partimos aumenta la opacidad”, sostuvo. Para la bancada frenteamplista, esta omisión condiciona cualquier análisis serio sobre la viabilidad futura de la gestión.

Impuestos, tasas y derechos en discusión

Otro de los puntos que el Frente Amplio buscó desmentir fue la idea de que los comerciantes dejarán de pagar determinadas tasas. “Eso es falso”, afirmó Larrosa. Lo que cambia —explicó— es el sistema de recaudación, que pasa a un registro nacional similar al SUCIVE, pero no elimina la carga tributaria.

Sí hubo fuertes cuestionamientos a la creación de nuevas tasas, como la aplicada al uso de terminales de transporte, que —aunque pequeña— impacta directamente en trabajadores y usuarios. La oposición propuso exoneraciones para jubilados y beneficiarios del MIDES, que no fueron aceptadas.

También se denunciaron retrocesos en derechos laborales, particularmente en el régimen salarial de docentes que trabajan para la Intendencia, quienes pasarían a percibir ingresos inferiores a los del sistema público nacional.

Municipios relegados y recentralización

La relación entre el Ejecutivo y los municipios fue otro foco de crítica. El artículo 166, que obliga a los municipios a destinar un 20% de sus gastos a inversiones, fue calificado como una política “inviable” y de ahogamiento financiero, especialmente para localidades como La Paloma.

Felipe Gonzalez  fue directo: “La Paloma es el motor del departamento y, sin embargo, se decide políticamente invertir menos allí. Se invierte la mitad que en Chuy. Es una decisión política, no técnica”.

La creación de una Dirección General de Descentralización fue leída, paradójicamente, como un paso hacia la recentralización, desplazando a los municipios a un cuarto nivel de decisión.

“Que no te vendan la exitoina”

El cierre de la conferencia dejó una frase que sintetiza el espíritu de la intervención:
“Que no te vendan la exitoina. No todo es lo que parece”.

El Frente Amplio rechazó la etiqueta de “palo en la rueda” y reivindicó su rol de control. “No vamos a acompañar retrocesos en derechos ni decisiones que comprometan la viabilidad futura de la Intendencia”, afirmaron.

El presupuesto ya está aprobado. Pero el debate, lejos de cerrarse, recién empieza. Porque cuando se trata de definir el rumbo de un departamento por cinco —o quince— años, la unanimidad en la votación no siempre equivale a consenso político.