El Gobierno pondrá en marcha un acuerdo entre el Ministerio de Defensa Nacional y el Inisa que permitirá a jóvenes en conflicto con la ley acceder a formación en oficios dentro de unidades militares. La iniciativa, que comenzará como plan piloto en 2026, alcanzará a unos 20 jóvenes mayores de edad y será de participación voluntaria. La propuesta apunta a la reinserción social a través de la educación y la capacitación laboral, sin manejo de armas, y con apoyo de instituciones como UTU y UTEC. Según las autoridades, se trata de generar oportunidades reales para quienes están en condiciones de avanzar y reconstruir su proyecto de vida.

En un contexto regional marcado por el debate sobre seguridad, reinserción y futuro juvenil, Uruguay ensaya una política que apuesta menos al castigo y más a la reconstrucción social. Un acuerdo entre el Ministerio de Defensa Nacional y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) abre una vía concreta de formación e inserción laboral para jóvenes en conflicto con la ley, a través de la enseñanza de oficios dentro de unidades militares.

La iniciativa no surge de un impulso coyuntural. “Esto se viene trabajando desde hace tiempo, es una iniciativa del Gobierno nacional”, explicó la ministra de Defensa, Sandra Lazo, al presentar el convenio. El objetivo, precisó, es claro: generar condiciones reales de avance para aquellos jóvenes que, habiendo atravesado procesos penales, están en condiciones de dar un paso hacia la integración social.

Desde la cartera de Defensa se enmarca la propuesta en lo que Lazo definió como “cultura de defensa”, un concepto que trasciende lo estrictamente militar. “Es remar todos hacia un mismo lugar, en este caso, sacar adelante a nuestra juventud”, sostuvo. En ese sentido, el ministerio pondrá a disposición del Inisa las capacidades de sus unidades y fuerzas, orientadas no a la disciplina armada, sino a la enseñanza, el trabajo y la convivencia.

La formación estará centrada en oficios y actividades productivas, con apoyos ya existentes a través de convenios con la Universidad Tecnológica (UTEC) y la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP–UTU). Entre las propuestas se incluyen tareas rurales, equitación y capacitación técnica, siempre excluyendo el manejo de armas.

El director del Inisa, Daniel Radío, detalló que el plan comenzará en 2026 con una experiencia piloto que alcanzará a unos 20 jóvenes. Se tratará de una instancia voluntaria, destinada a mayores de edad que no hayan ingresado al sistema por delitos de homicidio. El curso se apoyará en tres pilares: educación, capacitación laboral y la posibilidad —no obligatoria— de que quienes desarrollen una vocación específica puedan postularse para ingresar al Ejército Nacional.

“Hay bastante voluntad. Ellos se entusiasman con estas cosas”, señaló Radío, al subrayar un aspecto clave del proyecto: la motivación de los propios jóvenes como motor del proceso. Lejos de imponer trayectorias, la propuesta busca ofrecer herramientas y opciones, entendiendo que la reinserción no es un recorrido uniforme ni automático.

En paralelo, el Inisa prevé implementar en 2026 el proyecto Cosechando Esperanzas, una iniciativa impulsada por el dirigente sindical Richard Read que logró consenso político entre todos los partidos. Aunque sus lineamientos finales aún están en elaboración, Radío adelantó que estará orientado a jóvenes de mayor edad dentro del sistema y que evitará criterios de selección basados en el tipo de delito cometido. “Eso conduce a la estigmatización”, afirmó.

En tiempos donde el discurso punitivo suele ganar espacio, estas políticas introducen otra lógica: la de la oportunidad como inversión social. No garantizan resultados inmediatos ni soluciones mágicas, pero colocan una pregunta incómoda y necesaria en el centro del debate público: qué hace una sociedad con sus jóvenes cuando el castigo ya no alcanza y el futuro todavía puede escribirse.