Desde este 1.º de diciembre comenzaron a regir las nuevas medidas de la Ley de Frontera, un paquete fiscal que busca reactivar la economía en las ciudades limítrofes con Brasil. El Gobierno eliminó el IVA mínimo, redujo a la mitad la tasa básica —lo que implica un descuento directo del 11%— y habilitó un régimen simplificado de importaciones para productos de la canasta básica.
Los comercios a menos de 20 kilómetros de la frontera ya pueden aplicar estas devoluciones en compras con débito o dinero electrónico. Además, las empresas que contraten nuevos trabajadores tendrán una rebaja de hasta el 75% en los aportes patronales, siempre que estén ubicadas dentro de los 60 kilómetros del límite con Brasil.
 

El Gobierno uruguayo puso en marcha este 1.º de diciembre un bloque de medidas económicas con el que busca revertir la pérdida de competitividad en las localidades fronterizas con Brasil. La iniciativa, conocida como Ley de Frontera, apunta a aliviar la presión fiscal sobre el comercio minorista, estimular el empleo y reducir la brecha de precios que durante años inclinó el consumo hacia el lado brasileño.

El corazón del paquete se asienta en tres ejes: eliminación del IVA mínimo, reducción del 50% de la tasa básica —lo que supone un alivio inmediato del 11% para los consumidores— y rebaja de hasta 75% en los aportes patronales para empresas que incorporen nuevos trabajadores a menos de 60 kilómetros de un paso fronterizo. Se trata, según fuentes oficiales, del conjunto de incentivos más amplio aplicado en la zona en más de una década.

Un alivio directo al consumo de frontera

La devolución total del IVA mínimo y la reducción de la mitad de la tasa básica alcanzan a los comercios minoristas ubicados a menos de 20 kilómetros de la línea limítrofe. Para que la rebaja sea efectiva, las compras deberán realizarse con tarjeta de débito o instrumentos de dinero electrónico, un mecanismo diseñado para asegurar trazabilidad y evitar distorsiones.

En paralelo, el Ejecutivo habilitó un Régimen Simplificado de Importación que exonera todos los tributos para determinadas mercaderías de la canasta básica. Las empresas podrán importar con topes mensuales y anuales definidos según su volumen de facturación, un esquema escalonado que busca contener abusos y, al mismo tiempo, dar aire a los pequeños comercios que compiten con precios brasileños marcadamente inferiores.

La lista de productos autorizados —que será publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas— incluye alimentos secos como porotos, lentejas, fideos y galletas; yerba mate; y artículos de higiene personal como pasta de dientes, champú, jabones, desodorantes y cocoa en polvo. Un conjunto de bienes que, según técnicos del área, concentra buena parte del gasto mensual de las familias de frontera.

Incentivos para contratar y producir

El otro componente fuerte es la reducción de aportes patronales durante un año para las empresas que contraten nuevos trabajadores. El beneficio alcanza hasta el 75% y será aplicable a sectores clave en estas ciudades: industria manufacturera, comercio minorista, alojamiento, gastronomía, actividades administrativas, entretenimiento y servicios varios.
El Gobierno espera que esta exoneración actúe como disparador para atraer inversiones pequeñas y medianas, generar empleo estable y frenar la migración laboral hacia Brasil.

El combustible, un capítulo aparte

El paquete convive con medidas ya vigentes, como el descuento del Imesi en las naftas en un radio de 20 kilómetros de los pasos de frontera. Esta herramienta, que opera desde hace varios años, ha sido considerada insuficiente frente a la evolución del tipo de cambio. Por eso, el Ejecutivo trabaja ahora en un proyecto para extender el radio de beneficios hasta los 60 kilómetros, con un descuento equivalente al 50% del actual, según adelantó el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba.

La intención oficial es consolidar un escudo de competitividad que contemple tanto las zonas urbanas pegadas a la línea limítrofe como los centros poblados que, aunque más alejados, sufren el impacto del comercio fronterizo.

Una política de frontera que se juega en varios tableros

La puesta en marcha de la Ley de Frontera llega en un momento en el que los gobiernos locales reclaman acciones sostenidas para frenar el drenaje económico hacia Brasil. El paquete fiscal apunta a reequilibrar precios, sostener el comercio y evitar la pérdida de empleo; sin embargo, su impacto dependerá de la ejecución y el control efectivo de cada medida.

Las autoridades entienden que, en el corto plazo, el nuevo régimen dará un respiro a los pequeños comercios. A mediano plazo, el desafío será convertir estos incentivos en una plataforma de desarrollo regional y no solo en un dique transitorio.