Los servicios jurídicos del Ministerio de Ambiente aconsejaron multar en algo más de $ 41 mil al productor agrario que en junio aplicó glifosato afectando a la Escuela Agraria de Guichón.

De acuerdo a documentación a la que accedió El Observador, se estimó que la infracción tuvo una gravedad media y se valoró que el productor Juan Andrés Miller “no cuenta con antecedentes”.

La multa fue fijada en 6.518 Unidades Indexadas (UI), lo que equivale a 41.788,71 pesos.

El caso comenzó en junio cuando una de las maestras de la institución denunció que durante la aplicación de agroquímicos en un cultivo de soja cercano –utilizando la maquinaria conocida como “mosquito”– comenzó a sentir un olor muy fuerte y ardor en la garganta. Horas después también sintió dolor en el estómago.

La maestra denunciante, Celene Susalla, señaló que había 80 estudiantes cuando la deriva de los productos fitosanitarios llegó al local escolar. Incluso había un bebé, hijo de una de las alumnas.

Tras la denuncia, técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) comprobaron la existencia de glifosato en el predio del centro educativo.

Los técnicos del MGAP, Demetriuk y Pablo Suarez, no encontraron síntomas de contaminación por herbicidas en los árboles y vegetales de la escuela, ni en el agua de la cocina. Sin embargo, al analizar las hojas de los árboles y el pasto del patio de la escuela, se obtuvo “un resultado positivo para el principio activo glifosato en una concentración de 0,046 partes por millón”.

Los funcionarios dictaminaron que el productor había respetado la norma que obliga a no aplicar productos agroquímicos a menos de 300 metros del centro educativo. Pero aún así se había violado el decreto 264/004 que establece que “toda aplicación de productos fitosanitarios que se efectúe a cualquier título, sea de naturaleza comercial o no comercial, deberá realizarse sin que se produzca deriva, siendo responsabilidad del aplicador los posibles daños que la misma pueda ocasionar”.

Además, se constató que el productor denunciado, Juan Andrés Miller, no contaba con el RUO (Registro Único de Aplicador) al momento de la aplicación denunciada.

Tras conocerse el monto sugerido de la multa, el colectivo Vecinos de Guichón por los Bienes Naturales emitió un comunicado el “valor vergonzoso” sugerido para la multa.

“Estas situaciones dejan muy mal parado al Estado”, señaló el comunicado. “Desde nuestra organización pedimos a las autoridades de la educación territoriales y nacionales más sensibilidad en estos temas y fundamentalmente acompañar a los docentes que con mucha valentía se animan a denunciar”.

Pidieron que se revise una resolución de 2011 que habilita a hacer un trámite para obtener un permiso que habilita a fumigar a menos de 300 metros de centros educativos: “Es inadmisible que la salud de docentes y estudiantes quede sujeta a un acto administrativo que en la vía de los hechos no da las garantías y el control que requiere”.