Este miércoles, en Montevideo, se desarrollará una nueva instancia tripartita en la DINATRA por el conflicto entre la Intendencia de Rocha y ADEOM, en el marco de la negociación colectiva para firmar el convenio de los próximos cinco años. Desde el Ejecutivo departamental, el secretario general de la Intendencia, Valentín Martínez, afirmó que el gobierno no está en contra de los trabajadores y remarcó que quienes integran la administración “también son trabajadores al servicio de la sociedad”.

Uno de los puntos más sensibles del conflicto es el expendio municipal. Martínez sostuvo que el 85% de lo que allí se vende es carne, a un precio similar al del mercado, y cuestionó el impacto económico que, según dijo, genera sobre los comercios locales.

En el centro del debate, más allá de los números, se juega una discusión de fondo: qué rol debe asumir el Estado departamental frente a sus trabajadores y frente al resto de la sociedad.

Este miércoles, en Montevideo, la Dirección Nacional de Trabajo (DINATRA) volverá a ser escenario de una instancia tripartita clave. Allí, el Ejecutivo departamental, el sindicato ADEOM Rocha y el Ministerio de Trabajo intentarán destrabar un acuerdo que permita firmar el convenio colectivo para los próximos cinco años. El objetivo formal es claro; el trasfondo, mucho más complejo.

Desde el Ejecutivo, el mensaje busca descomprimir el clima de confrontación. Así lo expresó el secretario general de la Intendencia de Rocha, Valentín Martínez, en diálogo con Rochaaldia.com, al subrayar que el gobierno departamental no se concibe en una vereda opuesta a los trabajadores. 

“Todos los que estamos hoy dentro del gobierno somos trabajadores y estamos al servicio, primero que nada, de la sociedad”, afirmó, marcando una línea discursiva que apunta a correrse del antagonismo clásico entre administración y sindicato.

Martínez insistió en que la negociación no debe leerse como un juego de suma cero. “A veces es más fácil buscar el enfrentamiento, decir que uno está en contra de los trabajadores, y estamos totalmente lejos de eso”, sostuvo. En su visión, el desafío es alcanzar “lo mejor posible” no solo para los funcionarios municipales, sino para la ciudadanía en su conjunto.

Uno de los puntos más sensibles —y que ADEOM Rocha ha colocado como bandera de preocupación— es el futuro del expendio municipal. Allí, el Ejecutivo departamental ha sido categórico: no se trata, dicen, de un recorte de derechos, sino de una redefinición de funciones. Según Martínez, el 85% de lo que se comercializa en el expendio es carne, y el precio no difiere del mercado local. “¿Cuál es el beneficio real si la carne cuesta lo mismo?”, cuestionó.

El secretario general fue más allá y puso el foco en el impacto económico sobre los comerciantes locales. Según detalló, el expendio municipal implicaría un desvío anual de unos 15 millones de pesos que dejan de circular en carnicerías del departamento. 

“Estamos sacando plata al carnicero que paga BPS, DGI, habilitaciones, que genera empleo y mueve la economía local”, argumentó, en una defensa explícita del comercio de cercanía.

Desde esa lógica, el Ejecutivo sostiene que la Intendencia no debe asumir un rol que, a su entender, desnaturaliza la función del Estado. “¿La Intendencia tiene que vender carne?”, planteó Martínez, apelando a una pregunta que resume la filosofía de la administración: gobernar para todo el departamento y no exclusivamente para un sector, por legítimo que sea su reclamo.

El gobierno departamental también buscó despejar una de las preocupaciones planteadas por el sindicato: el cierre del expendio no implicaría despidos ni pérdida de puestos de trabajo. Los funcionarios continuarían desempeñando tareas vinculadas al abastecimiento de comedores y otras áreas sociales, manteniendo su fuente laboral.

En paralelo, Martínez deslizó que existen alternativas para que el sindicato gestione beneficios para sus afiliados mediante convenios con privados, sin que sea la Intendencia la que intervenga directamente como actor comercial. Una propuesta que, aunque planteada con cautela, marca una frontera clara entre la acción sindical y las competencias del Ejecutivo.

El conflicto, sin embargo, no se agota en el expendio municipal. Más de veinte puntos ya habrían sido acordados en la negociación, según el propio Ejecutivo, y la sensación que transmiten desde el gobierno es que la discusión se ha empantanado en un aspecto que consideran marginal frente al conjunto del convenio.

La reunión de este miércoles en DINATRA aparece así como una prueba de madurez institucional. Allí se medirá la capacidad de las partes para salir del discurso rígido y avanzar hacia un acuerdo que dé previsibilidad por cinco años, en un contexto económico y social que no admite largos conflictos.

Rocha asiste, una vez más, a una negociación donde se cruzan derechos laborales, intereses económicos y definiciones políticas. El resultado no solo impactará en los funcionarios municipales, sino que enviará una señal sobre cómo el departamento concibe la relación entre el Estado, el trabajo y la comunidad en su conjunto.