Unos 20 damnificados aguardaban en el juzgado penal de Juan Carlos Gómez para verle la cara a Sara Goldring, la dueña de Custodia de Valores Mobiliarios (CVM), a quien le confiaron sus ahorros que se esfumaron. La indignación que generó el hecho de que la Fiscalía de Lavado no se opusiera a que viajara en enero a Estados Unidos para festejar el cumpleaños de 50 de su hijo Daniel, que vive en Miami, hizo que varios de los afectados quisieran presenciar la audiencia judicial.

"Tuvo tiempo de ir a la peluquería", comentaron dos de ellas mientras se ubicaban en la sala dónde aguardaba una Goldring con un notorio brushing de peluquería junto a su abogado Marcelo Domínguez. A medida que iban entrando nuevas víctimas no le sacaban los ojos de encima y hacían comentarios por lo bajo mientras ella se mantenía inmóvil mirando hacia adelante.

Cuando la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera autorizó el ingreso de un fotógrafo que había ido a registrar la audiencia, Goldring se paró y se escondió en la sala contigua a la sala de la audiencia. Regresó cuando ya se había ido y la jueza se disponía a dar inicio formal a la audiencia.

Aunque la jueza argumentó a favor del derecho de la imputada a viajar a Estados Unidos, alegando que es inocente hasta tener una sentencia de condena, finalmente se le negó el viaje porque la fianza que pretendía aportar se consideró insuficiente.

Audiencia Goldring3

Sara Goldring se retiró de la sala de audiencia cuando ingresó la prensa para evitar ser fotografiada

Dante Fernandez / FocoUy

Goldring, imputada en diciembre de 2023 por apropiarse de los ahorros de más de 400 damnificados, había solicitado viajar a Estados Unidos entre el 18 y el 27 de febrero para visitar a su hijo en su cumpleaños 50.

Su defensor Marcelo Domínguez alegó en audiencia que “hace más de tres años que no se ve a su hijo”. “Es un motivo estrictamente familiar hace tres años que no ve al hijo teniendo en cuenta que el hijo cumple 50 años y que se cumplen con los requisitos que la ley habilita”.

Ni bien Domínguez mencionó el motivo del viaje, se escucharon rumores y risas por lo que la jueza interrumpió la audiencia, miro hacia el fondo de la sala y pidió decoro. Les dijo que si no guardaban silencio mientras hablan los abogados, los desalojaría.

Dominguez prosiguió explicando que propuso como fianza los US$ 300.000 que en su momento les fueron incautados a Goldring y que están a disposición del juzgado. El defensor alegó también que en este momento no se requiere la comparecencia de Goldring en el proceso, dado que la fiscalía está por acusarla y falta para que comience el juicio que auguró será largo y arduo: señaló que se espera que lleve dos o tres años y llegue a la Suprema Corte de Justicia en casación.

Afirmó que el pedido “generó un gran circo mediático” y se enteró por los medios que la fiscalía no compartía el ofrecimiento de la fianza. Entonces, si bien reiteró el ofrecimiento de los US$ 300.000 incautados basado en que el decomiso de ese dinero “no ha operado”, ofreció US$ 30.000 que pondría otro hijo de Goldring, Darío Cukier.

Domínguez argumentó también que Daniel, el hijo que vive en Miami desde hace pocos años no puede viajar a Uruguay por la política migratoria de ese país. "Si viene no podrá volver a entrar", dijo.

“Podrá ser risueño, causar suspicacias o parecer un motivo nimio pero para un madre ver un hijo no es ningún motivo nimio. Se ofrece una fianza personal y el fiador garantiza el regreso de su madre al país”, dijo.

El fiscal adjunto Federico Rodríguez respondió que la postura del fiscal titular, Enrique Rodriguez, que fue manifestada en el escrito al que accedieron las partes, consistía en que la fiscalía no se opondría al viaje si la fianza salía de otro lugar y no del dinero incautado, por lo tanto consideró que los US$ 30 mil resultan “insuficientes”.

Aclaró que lo incautado son exactamente US$ 325 mil.

"Inoportuno", "motivo poco sólido" e "riesgoso"

La jueza Olivera quiso escuchar a las partes y la primera en hacer uso de la palabra fue la abogada Ana Irabedra quien ya había entregado un escrito el lunes para oponerse a que se le permitiera viajar a Goldring. Irabedra reiteró que los damnificados recibieron una propuesta de acuerdo privado en la que ofreció poner US$ 4 millones pero ahora tomaron conocimiento de que en el banco Jefferies de Estados Unidos, Goldring tenía US$ 22 millones que si bien está pedido el embargo de esa cifra "aún no ha sido efectivizado". Admitió que al conocerse ese dato es posible pensar que el acuerdo privado no se va a concretar.

Argumentó que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación ya que Goldring tiene bienes y fondos y ahora tiene a su hijo en Estados Unidos por lo que “su capacidad económica le permite sostenerse fuera del país”.

La abogada pidió “utilizar la ponderación frente a un caso difícil” y que si bien el Poder Judicial debe ser garante de derechos de Goldring, también lo debe ser de los de las víctimas "de tener su hora ante la justicia y si se va, ese derecho puede frustrarse".

A su turno, Eduardo Sasson, dijo que entiende que las víctimas no tienen facultades procesales para formular objeciones jurídicas pero aún así “a solicitud” de sus clientes dijo que el viaje de Goldring generaba “profunda preocupación”.

Su colega Nicolás Ghizzo reiteró la posición de Sasson sobre las víctimas pero dijo que "el sentido común y la sana crítica” lo obligaban a expresar que el pedido resultaba “inoportuno" para un momento en el que se está negociando un acuerdo con las víctimas.

En cuanto al motivo del viaje lo calificó de “poco sólido”. “Dificulto que el hijo tenga algún problema, tengo un hijo viviendo allá, que de hecho viene mañana". "Como hijo (Daniel) él tendría que jugársela ya que su madre ha trabajado la vida entera para que él esté allá ahora”, ironizó el abogado.

Sentencia de la Corte avala derecho a viajar

No obstante, la jueza defendió la autorización para que un imputado salga del país "amparada por el principio de presunción de inocencia”.

En ese sentido dijo que hay una sentencia de la Suprema Corte que en un caso con un condenado a 7 años al que se le autorizó salir del país. Si bien la legislación no se refiere a que se deban considerar los riesgos procesales, una sentencia de este año consideró por mayoría que esos riesgos debían evaluarse y hubo una discordia de Sosa, que entendió que no se debían alegar riesgos procesales, afirmó Olivera.

La magistrada preguntó a la fiscalía por qué US$ 300 mil sí y no US$ 30 mil, a lo que el fiscal Rodríguez explicó que de acuerdo con la jurisprudencia y dada la “magnitud de la causa” resulta algo “prudente y sensato” además recaerá una posible sentencia de condena que podría pasar las siete cifras, por lo cual "menos de eso no parece" adecuado.

La jueza finalmente zanjó que si bien “nadie tiene por qué opinar sobre lo que va a hacer en EEUU, se trata de un proceso con múltiples víctimas" que debe llegar al final. "Entiendo que para que se brinde la autorización el monto (de la fianza) tiene que permitir un aliciente de que usted va a regresar al país", le dijo a Goldring.

Audiencia Goldring2

Abogados de los damnificados de Sara Goldring antes de la audiencia

Mientras los abogados firmaban el acta, y cuando la jueza se había retirado, los damnificados lanzaron un aplauso. Consideraron una victoria la negativa a que Goldring viajara pero algunos especularon que podría ser “una trampa” y se preguntaron qué pasa si en unos días aparecen los US$ 300 mil que la fiscalía pedía.

Una de las abogadas los tranquilizó al explicarles que si llegan a plantear que está el dinero deberán pedir una nueva audiencia y volverán a pasar por el debate y a enfrentarse a las víctimas.

Allegados a la defensa de Goldring dieron por concluido el tema y afirmaron que no tiene más plata que los US$ 30.000 que ofreció para la fianza.