Al cumplirse dos años de la imputación de Sara Goldring por el delito de apropiación indebida, el fiscal de Lavado Enrique Rodríguez presentó la acusación por el mismo delito a la pena de cuatro años contra la titular de Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) y United Brokers Agente de Valores S.A., informaron a El Observador fuentes del caso. Además pidió el decomiso de bienes por US$ 21 millones.

El fiscal solicitó la pena máxima que prevé el delito, ya que el Código Penal castiga a quien se apropie," convirtiéndolo en su provecho o en el de un tercero, dinero u otra cosa mueble, que le hubiera sido confiado", con pena de tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría. Ello implica que si Goldring resulta condenada en el juicio, pueda tener que cumplir prisión efectiva.

Mucho se especulaba con que el fiscal incluyera el delito de estafa en la acusación, ya que la propia Goldring admitió al declarar que había ocultado información a sus clientes para salvar la empresa. Sin embargo, fuentes del caso consultadas afirmaron que la ocultación de los estados de cuentas ocurrió después de que habian ocurrido los hechos no antes, es decir cuando ya había ocurrido la apropiacion indebida. Se aclaró además que la pena de uno y otro delito es similar, por lo que se entendió que no variaba la situación.

Ahora se abre un plazo de 30 días para que la defensa, conformada por los abogados Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez, conteste a la acusación y propongan sus testigos para el juicio, que se iniciará en 2026, luego de que fiscalía y defensa acuerden quiénes serán los testigos y sobre qué declararán.

Independientemente del tema penal, sigue abierta la posibilidad de un acuerdo con los damnificados por el que Goldring ofrece devolverles el 60% del total de activos informados al 31 de diciembre 2022, que eran unos US$ 21 millones. Sin embargo, buena parte de los damnificados sostiene que se debe partir del dinero que tenían antes de la caída de CVM y que a marzo de 2021 tenían más de US$ 100 millones que es lo que pretenden recuperar. Los US$ 21 millones en cambio, surgen de la contabilidad elaborada por el interventor del Banco Central que fue la Liga de Defensa Comercial (Lideco).

Goldring había solicitado viajar a Estados Unidos entre el 18 y el 27 de febrero para visitar a su hijo Daniel Cukier con motivo de su cumpleaños 50. Sin embargo, dado que no se pusieron de acuerdo la fiscalía y la defensa sobre el monto de la fianza que ella debía ofrecer, se rechazó la solicitud.

En una audiencia que se celebró el 10 de diciembre, el defensor Marcelo Domínguez alegó en audiencia que “hace más de tres años que no se ve a su hijo”. “Es un motivo estrictamente familiar hace tres años que no ve al hijo teniendo en cuenta que el hijo cumple 50 años y que se cumplen con los requisitos que la ley habilita”.

Dominguez ofreció como fianza los US$ 300.000 que en su momento les fueron incautados a Goldring y que están a disposición del juzgado. Dada la negativa de la fiscalía en aceptar ese planteo, ofreció US$ 30.000 que serían depositados por otro de los hijos, Darío Cukier.

El fiscal adjunto de Lavado Federico Rodríguez respondió que la postura del fiscal titular, Enrique Rodriguez, que había sido manifestada en un escrito, consistía en que la fiscalía no se opondría al viaje si la fianza salía de otro lugar y no del dinero incautado, por lo tanto consideró que los US$ 30 mil resultan “insuficientes”.

Ante esa situación la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera rechazó el permiso y no le entregó el pasaporte en poder del juzgado.