Entre la “revolución de las cosas simples” y construir política en base a evidencia ha estado el leitmotiv discursivo del gobierno de Yamandú Orsi en este primer año.

Cuando quedan días para recibir el 2026, el presidente celebró su último consejo de ministros del que no trascendieron mensajes ni deberes y los “63 compromisos” que había anunciado en marzo mutaron en “7 faros”, es buen momento para repasar el cumplimiento de esas promesas y de eso te hablaré en esta newsletter EnClave.

De 63 compromisos a 7 faros

Una de las principales críticas que se le ha hecho al gobierno de Orsi es que no contó con un buque insignia –como había sido la educación para José Mujica, el sistema de cuidados del segundo gobierno de Tabaré Vázquez o la LUC de Luis Lacalle Pou- y que su primer año de gestión ha sido bastante insípido.

No está claro si recogiendo el guante por ese señalamiento y por estrategia de comunicación o por simple coincidencia pero el director de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas (Amepp), Gustavo Leal, afirmó que “los 63 compromisos fijados fueron sintetizados en los denominados Siete Faros”.

“Necesitamos una arquitectura de la prioridad, saber distinguir lo importante para dejar legado, para conducir un gobierno”, aseguró en la presentación el Encuentro Nacional sobre Cumplimiento de Prioridades de Gobierno, en la Torre Ejecutiva el miércoles 10.

Esos siete faros son eslóganes en los que transformaron los cinco ejes en los que se dividían los 63 compromismos de marzo: desarrollo, seguridad, cohesión y cuidados, vivienda e infraestructura y son:

Educación con Oportunidades Salud sin Esperas Una Apuesta al Campo y a la Producción Las Infancias Primero Infraestructura que Nos Acerca Barrios Más Seguros Más y Mejor Empleo.

Días antes de la presentación en Torre Ejecutiva se hizo público un documento, del que informó La Diaria, en que se señalaba que de los 63 compromisos “se encuentra en marcha un 74,6%”, es decir 47 de los 63. Ese estar “en marcha” se traduce en el mismo texto en “acciones preparatorias” o “acciones concretas”.

Es cierto que para que los objetivos se concreten son importantes procesos previos pero por si solos no hacen efectivas las metas, y si se lee la letra chica donde se detallan las acciones realizadas, se verá que lo efectivamente concretado es menos de la mitad.

Pero no alargarme desmedidamente no comentaré las 63 medidas pero justo es decir que en áreas como la económica o de trabajo sí se han cumplido buena parte de los compromisos.

En ese sentido se puede señalar que se cumplió con el “fortalecimiento y consolidación de la regla fiscal”, ya que las modificaciones a la regla e institucionalidad fiscal fueron incorporadas en la Ley de Presupuesto aprobada por el Parlamento, asi como el impuesto mínimo global de la OCDE.

Se cumplió con el compromiso de procurar el crecimiento del salario real de los trabajadores más sumergido. En ese sentido, la pauta salarial contempló especialmente los salarios de las franjas bajas o "veinticincomilpesistas”, como les dicen.

Y también se concretaron los estudios técnicos del nuevo modelo de transporte público y en el Presupuesto se aprobó la creación de la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano con el objetivo de construir los ejes troncales rápidos.

Poco cumplimiento en seguridad Policía Foto: Gastón Britos/FocoUy

El documento de la Agencia de Monitoreo presenta al área de seguridad como una de las que tiene más concreciones, ya que dice, están en marcha 11 de 14 compromisos.

Quedan dudas de que ello sea así.

Entre los que sí se han concretado se puede mencionar la creación y puesta en funcionamiento del Sistema Integral de Lucha Contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico (Silccon).

Como agrega el reporte de Leal el organismo fue creado por decreto en abril y se puso en funcionamiento a partir del mes de mayo. Coordinado por Presidencia de la República, el Silccon está integrado por el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, la Aduana, la DGI, la Secretaría Nacional Antilavado, la Secretaría de Inteligencia, y trabaja en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

También se concretó en la Ley de Presupuesto aprobada recientemente la creación de la Dirección Nacional de la Policía Comunitaria Orientada a Problemas y se puede admitir que está "en marcha” la campaña nacional de alfabetización en cárceles "para alcanzar al menos 3.500 personas durante el período”. El documento informa que entre el Ministerio de Educación y Cultura, INR, ANEP y Udelar diseñaron la estrategia didáctica y pedagógica y en noviembre se comenzó con un plan piloto en las Unidad B y D del Comcar. No se dice a cuántos reclusos abarca.

En cuando a la instalación de un Sistema de Comisarías móviles y ampliación de la cantidad de personal en las comisarías, el ministro Negro realizó una presentación del tema pero luego no se ha informado sobre si esas comisarías están en servicio, o no.

En relación al Plan Más Barrio, que combinará intervenciones urbanas, habitacionales, sociales y de seguridad en zonas estratégicas recién empezará a aplicarse en 2026, más allá de que se haya estado trabajando en su implementación.

El presidente Orsi anunció en ADM que comenzará en febrero en cinco zonas: el barrio San Antonio, en Maldonado, Cerro Norte en Montevideo, Corfrisa-Talca en Las Piedras, y en las ciudades de Durazno y Rivera.

Sobre la incorporación de 2.000 dispositivos para la protección de las víctimas de violencia doméstica y basada en género (VDG), la agencia de monitoreo mencionó que se anunció el dispositivo “Élida 360”, que implica que se le entregará a la víctima de violencia de género de riesgo medio o bajo un celular con comunicación prioritaria con la policía que comenzará a funcionar este 22 de diciembre, pero no se mencionó la compra de las 2.000 tobilleras para casos de riesgo alto aunque en el Presupuesto hay recursos para "dispositivos electrónicos de verificación de presencia y localización" para casos de violencia de género.

Tampoco se puede dar por bueno que esté en marcha la promesa de “la creación de 2.000 nuevos cargos policiales durante el período para reforzar la capacidad operativa de la policía”. El documento menciona que “se han desarrollado procesos de selección de personal policial ejecutivo en grados de ingreso” pero lo que se ha hecho ha sido completar vacantes a cargos ya creados. Asimismo, en la ley de presupuesto se incluyó la creación de 1.000 cargos de policías que se dividen en 500 policías y 500 operadores para el INR, con lo que aún faltarían otros 1.000 y que se destinen a la calle.

Con respecto a la instalación de 20.000 cámaras de videovigilancia, se informó en el reporte que “se comenzó el proceso de instalación de 5.300 nuevas cámaras" de las que se llegó a colocar 2.534 con las que “se alcanzó a 15.834 en el sistema actual”. Sin embargo, las 5.300 fueron compradas en el período anterior y ahora se están instalando.

La Agencia da por avanzada la creación y puesta en funcionamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y para ello se basa en que “comenzó el proceso de diálogo con actores nacionales con apoyo de organismos internacionales para relevar las mejores prácticas en el área”. Se afirma que el proyecto de ley se remitirá al parlamento luego de aprobada la Ley de Presupuesto.

Este jueves Jorge Diaz dijo al programa Arriba Gente que el proyecto está redactado "en manos del presidente de la República". Agregó que habrá que hacerle alguna corrección en función de algunas aprobaciones que se hicieron en la ley de presupuesto. Sin dudar de la palabra del prosecretario, hasta que no se conozca el proyecto y comience el debate parlamentario no lo deberían dar por concretado.

Por último, menciono otro tema que involucra a todas las personas y puede tener relación con la seguridad, y es la salud mental. En ese tema el gobierno se ha propuesto “generar un sistema de atención adecuado y equitativo para toda la ciudadanía en el territorio nacional”. El documento de la Amepp afirma que en junio se presentó la Estrategia Nacional de Salud Mental 2025-2030, que en agosto se abrió el llamado a coordinadores técnicos para los planes departamentales y se presentó la reglamentación de la ley de salud mental y en noviembre se realizó el evento Acción País por la Salud Mental, otro evento participativo, grifa de este gobierno.

Nada se menciona sobre que se vayan a acortar los tiempos de espera y se asegure atención más rápida que debería ser la meta.