La comisión especializada de la Cámara de Diputados aprobó este jueves por diez votos en once el proyecto de ley enviado por el gobierno para combatir el lavado de activos. Tanto el oficialismo como blancos y colorados acompañaron el texto en general que solo fue rechazado por el diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle.

“En general tenemos una visión positiva del proyecto”, dijo a El Observador el legislador colorado Conrado Rodríguez, algo que es compartido por los nacionalistas. Sin embargo, algunas de las disposiciones que contiene el proyecto de ley generaron mayor controversia y no están asegurados los votos para todos los pasajes del texto que se va a votar en el plenario el próximo miércoles 17.

Uno de los puntos más polémicos es la eliminación de la fiscalía especializada en lavado de activos. Las pocas condenas conseguidas desde su creación sumado a algunos problemas de procedimiento llevaron a que el Poder Ejecutivo decidiera impulsar su eliminación para que todas las fiscalías investiguen el blanqueo de capitales.

El gobierno aseguró en más de una oportunidad que esa propuesta venía con la anuencia de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, –ampliamente respaldada por la oposición–. “Tiene un costo de 17 millones con un solo caso, estamos todos locos”, cuestionó en una comparecencia ante la comisión. En el Senado había sido un poco más ambigua ya que a través de una carta enviada por una funcionaria de Fiscalía aseguraba que la intención inicial era crear otra fiscalía de lavado pero al no tener recursos para hacerlo lo mejor era eliminarla porque tener una sola cosas atentaba contra la aleatoriedad en la asignación.

En la comisión de este miércoles, blancos y colorados decidieron no acompañar la eliminación de la fiscalía. “Creo que hay que darle más tiempo. Sería un error eliminarla, hay que ayudarla con equipos multidisciplinarios”, dijo Rodríguez a El Observador.

Asimismo, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone, que no integra la comisión, dijo a El Observador que en principio ellos tampoco acompañarían la eliminación de la fiscalía especializada. La postura nacionalista fue definida en bancada pero los colorados aun no debatieron la postura partidaria sobre el tema. En ese contexto, los propios colorados reconocen que es posible que algún legislador acompañe este pasaje para llegar a los 50 votos que necesita el oficialismo para concretar la eliminación pero el debate está abierto.

Otra de las disposiciones que ni blancos ni colorados acompañaron es un cambio en las potestades que se le da a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). El artículo 4 del proyecto establece una serie de cometidos para la secretaría y permite que realice inspecciones de bienes muebles o inmuebles “detentados u ocupados” por los sujetos obligados o aquellos que hayan tenido participación “directa o indirecta” en negocios que se estén investigando.

Además, habilita a que la Senaclaft pueda “requerir y retirar documentación y/o respaldos informáticos” y solo establece la necesidad de una orden judicial para inspeccionar domicilios particulares. Y eso es lo que no convence a la oposición.

El diputado blanco Pablo Abdala redactó un aditivo que establece que para el retiro de documentación y respaldos informáticos también será necesaria la autorización judicial y que en caso de que exista una “urgencia debidamente fundada” la Senaclaft podrá disponer del retiro de manera inmediata “debiendo comunicarlo al juez competente dentro del plazo de 24 horas a efectos del control jurisdiccional correspondiente”. Ese aditivo tuvo el respaldo de los colorados pero no del Frente Amplio.

Otra de las disposiciones del proyecto de lavado de activos es reducir a unos US$ 32 mil el monto de efectivo que se puede manejar en cualquier tipo de operación. El resto se tiene que pagar a través de medios electrónicos. En la normativa actual, vigente desde la LUC, el monto máximo es de US$ 160 mil.

Los blancos también se oponen a esta medida pero los diputados colorados que participaron de la comisión respaldaron el artículo. “El monto siempre es muy relativo. Creo que este cambio no modifica la esencia de la LUC”, justificó Rodríguez y destacó que los autos –salvo que sean de altísima gama– se pueden seguir pagando en efectivo. En la ley de inclusión financiera original, impulsada por el gobierno del Frente Amplio, el monto máximo de uso en efectivo rondaba los US$ 6 mil.

El proyecto aprobado en comisión de Diputados –que ya fue votado en el Senado– modifica más de 30 artículos de la ley Integral contra el Lavado de Activos de 2017. En muchos casos se trata simplemente de adecuar la redacción a los conceptos del nuevo Código del Proceso Penal –formalizado en vez de procesado o Fiscalía por juzgado– pero también introduce otros cambios.

Uno de ellos es agregar nuevos delitos como precedentes del lavado de activos, es decir como la actividad que generó los recursos que luego se buscan blanquear. Entre los delitos que se agregan están los ambientales (introducción de desechos tóxicos), el fraude en las entidades integrantes del sistema financiero nacional y los ciberdelitos cuyo monto real o estimado supere las 100 mil unidades indexadas (US$ 16 mil).

Otro de las modificaciones es la introducción de nuevos sujetos obligados no financieros, es decir de personas o empresas que están obligados por su actividad profesional a reportar operaciones sospechosas.

Los nuevos sujetos obligados son los fiduciarios no financieros salvo cuando sea una persona física o jurídica sujeta al control del Banco Central y los prestadores de servicios de administración, contabilidad o procesamiento de datos que trabajen para negocios que en forma “profesional y habitual” desarrollen actividades financieras en el exterior.

“También podrán aplicarse sanciones a los directivos y la alta gerencia de los sujetos obligados, las que consistirán en apercibimiento, observación, multa o inhabilitación para actuar ante la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos en forma temporaria o definitiva”, dice el texto aprobado.

Asimismo, el proyecto extiende de 5 a 10 años el plazo en el que los sujetos obligados tienen que conservar los registros y la documentación respaldante de todas las operaciones realizadas con sus clientes.

Los cambios incluyen una extensión del tiempo –pasa de tres a cinco días– por la que los sujetos obligados –instruidos por la Unidad de Información y Análisis Financiero– pueden impedir la realización de operaciones sospechosas de “involucrar fondos cuyo origen proceda de los delitos” vinculado al lavado de activos.