Los abogados de los exsocios privados de lo que fue la aerolínea de bandera Pluna SA siguen en busca de obtener información sobre documentación de la empresa que requieren para su defensa y se desconoce dónde está, en un expediente que lleva 13 años, se tramita por el viejo proceso penal y tiene 22 piezas. En el marco de esa búsqueda se realizó una nueva audiencia en la sede de Crimen Organizado a cargo de la jueza Diovanet Olivera en la que declararon los exsíndicos de concurso de la empresa.

Los citados como testigos para brindar información el 18 de diciembre fueron el contador Gabriel Ferreira y el abogado Daniel Germán, directores del área concursal de la Asociación de Peritos (Aupe) que era la síndico del concurso de Pluna SA, quienes se comprometieron a entregar al juzgado antes del 10 de febrero, el listado de la documentación que devolvieron al Estado cuando dejaron de intervenir en el proceso.

Al comienzo de la audiencia, cuando los exsíndicos explicaban sobre el concurso que se inició en 2012, el defensor de Matías Campiani, Jorge Barrera, tomó la palabra y afirmó que la denuncia original del Estado contra sus exsocios fue por cheques sin fondo. Teniendo en cuenta que “aun no hay acusación fiscal y existe una ley de cheques que establece determinadas consecuencias si se paga antes de la acusación (...) capaz que con eso nos ahorramos un documento. La pregunta es, ¿al día de hoy se le debe a Ancap un dólar?”

A lo que Germán respondió: “Nada”.

Con esa mención a la ley de cheques Barrera se refería a que esa norma determina que si se paga la deuda antes de que la fiscalía acuse, la denuncia se deberá archivar.

Barrera le señaló al fiscal del caso, Carlos Reyes, que si no aparece uno de los documentos pero el síndico da fe de que no se debe nada, tal vez le sirva ese testimonio. Ese es “uno de los argumentos esenciales de la defensa, que es Ancap manifestó la denuncia por cheques sin fondo por los cheques emitidos por nuestros clientes. Todavía es lo que, claro que por más que no se haya accedido a toda la documentación, todavía no había acusación fiscal. Simplemente quería, era un elemento que creo que sí aporta mucho el hecho de que al día de hoy no se deba nada”.

Sin embargo, el fiscal dijo que él necesita las pruebas que se pidieron. “Hace diez años que estamos prueba sobre prueba sobre prueba y...”

“Y bueno, pero por una sencilla razón, le retrucó Barrera, porque no nos otorgan el derecho a defensa, es una cosa que tendría que estar sobreseída hace diez años”.

Reyes insistió entonces en que los diez años del juicio en etapa de manifiesto (etapa del anterior proceso en la que las partes proponían prueba) “no es culpa de la Fiscalía” y luego dijo que no era “objeto de la audiencia”.

La jueza Olivera puntualizó que no se puede afirmar que en este caso “haya habido falta de garantías”. “Si llegamos hasta esta etapa sin acusación es porque se le han otorgado todas las defensas posible”, dijo.

“De parte de la sede sí. Yo creo que de parte del Estado no”, dijo Barrera.

Campiani, junto a Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez Demalde fueron procesados en diciembre de 2013 por un delito continuado de estafa especialmente agravado.

En otro momento de la audiencia Barrera preguntó si en algún momento "habían tenido en su poder el acuerdo de indemnidad entre el Estado Uruguayo y Campiani, Hisrch… Leadgate?". Tanto Ferreira como Germán señalaron que no lo habían visto, pero si recordaban "haber hablado mil veces sobre la base de la existencia".

A continuación dijeron que las partes del acuerdo eran Pluna ente autónomo y el Ministerio de Economía. Germán agregó que "las las reuniones se hacían ahí en la calle Colonia, donde estaba las oficinas del ente autónomo, y ahí fue donde se cerró todo".

Los exsocios de Pluna tenían un acuerdo de indemnidad firmado con el gobierno de José Mujica en 2012 para eximirlos de responsabilidad civil por el cierre de la aerolínea, pero este acuerdo fue invalidado por el Tribunal de Cuentas y por eso terminaron procesados.

La documentación en poder del Estado sobre Pluna SA está en 3.060 cajas en un depósito privado contratado pero nadie sabe si los documentos que buscan las defensas están en esas cajas.

El abogado Carlos Uriarte, defensor de Hirsch, enumeró a los síndicos la documentación que requieren y mencionó las opiniones legales del Estado Uruguayo y de Pluna ente autónomo, mencionadas en el acuerdo de suscripción de acciones del 12 de febrero de 2007, así como el certificado de IOSA, pedido por entidades internacionales, y los extractos bancarios que demuestran un mecanismo contractual por el cual cuando la empresa vende un activo, queda en posesión del que vende, y la otra empresa le cobra un alquiler, lo que permite una liquidez inmediata, entre otros.

Los síndicos afirmaron que estaban dispuestos a colaborar con la defensa, con fiscalía, e ir a ver la documentación.

Ferreira sostuvo que cuando se celebró el acuerdo macro fines del 2016, por el cual el remanente de los fondos, unos US$ 2 millones, se transfirieron al Ministerio de Economía, eso trajo aparejado la imposibilidad de continuar custodiando la documentación que eran miles de cajas. Agregó que dejaron un año de depósito pago pero luego debería seguirse haciendo cargo el Estado.

Agregó que también puede haber información en programas informáticos que hayan quedado desactualizados "y seguramente esa información ya no se obtenga".

Sobre la que está en Storage, Ferreira dijo que tiene entendido que todavía está en ese depósito aunque en un momento se advirtió que "si no les daban respuesta respecto al pago, solicitaban que se llevara la documentación a otro lugar". De todos modos, advirtió que no es posible saber si lo que se solicita está ahí.

Finalmente, Ferreira señaló que tenían un detalle en formato electrónico sobre el contenido de las cajas que entregaron que era una especie de índice, ante lo cual los abogados, el fiscal y la jueza estuvieron de acuerdo en darles un plazo para que busquen y le entreguen esa documentación certificada por escribano.