En 3.060 cajas se guarda la documentación de lo que fue la aerolínea de bandera que están en un depósito de documentación privado bajo custodia de Presidencia o del Ministerio de Transporte y Obras Públicas pero los abogados del Estado desconocen qué material hay en esas cajas que aparentemente guarda relación con Pluna Ente Autónomo y no con Pluna SA.

Este asunto fue tema de debate en una audiencia que se realizó este jueves en el juzgado de Crimen Organizado, a cargo de la jueza Diovanet Olivera, debido a que la indagatoria penal que ya lleva 13 años y que tiene a los tres exsocios del gobierno en la aerolínea procesados por estafa, se encuentra a la espera de que aparezca un documento que se desconoce dónde está archivado.

Terminado el arbitraje internacional que el Estado uruguayo perdió por el cierre de la aerolínea en 2012 y que ganó Latin American Regional Aviation Holdings (Larah), el consorcio propietario de Pluna, se desconoce dónde está el material que fue utilizado por el Estado en la defensa que ejerció y que es parte de lo que mantiene trancado el juicio penal.

Un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) condenó a Uruguay por expropiación y violar sus obligaciones internacionales de trato justo y equitativo y se terminó acordando pagar US$ 30 millones, pero el juicio penal sigue sin tener acusación para los procesados desde diciembre de 2014 cuando Matías Campiani, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez Demalde fueron procesados por estafa.

Según dijo la jueza en la audiencia a cuyo audio accedió El Observador, este expediente "de larga data" no ha podido avanzar hacia las siguientes etapas porque se está diligiendo prueba de la defensa. Concretamente, dijo, que está a la espera de un exhorto solicitado a Canadá y de la documentación que se está requiriendo.

El abogado Carlos Uriarte, defensor de uno de los tres socios Sebastián Hirsch, señaló que en una audiencia realizada el 25 de octubre de 2023 una archivóloga que manejó la documentación de Pluna llegaron a la conclusión de que estaban ante "un problema" para saber "donde estaba finalmente la información concerniente a pluna sociedad anónima", que es lo que buscan. En ese momento se decidió pedir la información a Presidencia.

En los primeros meses de este año -en el periodo de transición del gobierno- Presidencia contestó que no tenía esa información y que habría que solicitarla al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Transporte.

Luego, según el relato que se hizo en la audiencia, Presidencia envió una nota del 5 de diciembre de 2024 firmada por el secretario y la prosecretaria de la anterior administración, Rodrigo Ferrés y Mariana Cabrera, en la que se establecía que el Ministerio de Transporte, se hiciera cargo del pago de la custodia de la documentación que está archivada pero no se especificaba dónde estaba la información requerida.

En una nueva audiencia que se realizó el 1 de setiembre pasado, Uriarte relató que concurrió un abogado del MTOP que no tenía ninguna información.

La abogada de carrera esa cartera, Georgina Albornoz, afirmó en la audiencia que existió una "confusión" entre la documentación de Pluna Ente y Pluna SA que se zanjó cuando el ministerio aclaró que "nunca tuvo bajo su custodia la documentación de Pluna SA. Esa documentación "siempre estuvo en manos de la sindicatura, que me parece que sería quien el referente para preguntarle".

Albornoz aclaró que esas 3.060, "no tienen un índice, o al menos el ministerio lo desconoce, porque no es tarea del ministerio, no le compete. Entiendo que la sindicatura o la asociación de Peritos que fue quien llevó esa tarea debería saber qué documentación hay en estas 3.060 cajas".

La abogada relató que en 2018 cuando cerró el edificio de Pluna y se hizo la mudanza, se trasladaron en camiones las cajas con la documentación. "Vienen cajas y cajas del ministerio. Y capaz que ahí algún archivo de Pluna SA. quedó aislado", dijo.

Además informó que la archivóloga de la secretaría de Estado dijo que rastrear el material de las cajas le puede llevar entre seis u ocho meses, formando una comisión de trabajo, si se designa.

Uriarte insistió en que la información oficial aportada "no le cerraba" dado que se informa que Presidencia le ordenó al Ministerio de Transporte que "asumiera la custodia de toda la información ¿eso se implementó? ¿No se implementó?", dijo. Además se menciona que la documentación aparece "entregada en préstamo a presidencia. "Entonces, la pregunta que le hago a las colegas de Transporte y de Presidencia (estaba en audiencia la abogada Mariana Errasquin) es si estaba en préstamo ¿quien se lo prestó?".

El defensor agregó que entre esa documentación que solicitan "hay documentación técnica que para nosotros es fundamental, porque demuestra muchas cosas. Son puntos además que fueron especialmente tocados en el auto de procesamiento. Nosotros estamos haciendo prueba contra lo que se insinúa en el auto de procesamiento. Son cosas bien concretas", dijo. Luego agregó que se refiere a información sobre extractos bancarios que demuestran que se hicieron determinados pagos.

Por su parte, el penalista Jorge Barrera, defensor de Matías Campaini, planteó que se le pidiera a Presidencia que solicite al estudio jurídico en el extranjero que ejerció la defensa del Estado ante el Ciadi que informe donde estaá esa documentación,que además fue citada en la sentencia de condena al Estado uruguayo del arbitraje.

"Si el Estado Uruguayo tuvo un juicio internacional donde fue condenado, ¿cómo es posible que haya hecho una defensa sin tener la opinión legal del Estado Uruguayo? No puedo creer que el Estado no se haya defendido sin estos elementos básicos. Es imposible que el Estado Uruguayo haya litigado ante el Ciadi y haya litigado pagando los honorarios que se pagaron sin que tenga este documento que es básico", dijo Barrera.

El abogado Enrique Moller, defensa de Arturo Álvarez Demalde, y el fiscal del caso Carlos Reyes, estuvieron de acuerdo y fue lo que la jueza resolvió.

Olivera le dio plazo a presidencia hasta el 1 de febrero para que haga gestiones ante el estudio jurídico internacional que litigó ante el Ciadi e informe donde está la documentación requerida por la defensa de los imputados.

Además, fijó una nueva audiencia que se realizará el 17 de diciembre a la que se citó a un abogado y un contador de la asociación de peritos para que aporten la información que tengan sobre esa documentación.

"Tenemos que liquidar este juicio, es una cuestión de honor para el país", pidió la jueza Olivera.