El Ministerio del Interior recibe aportes hasta el 15 de noviembre para el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025–2035, un proyecto que busca romper con la lógica de emergencia y pensar a largo plazo.  Para participar debes registrarte en  Usuario gub.uy  (Enlace externo)e iniciar sesión en la plataforma. El gobierno uruguayo lanzó una inédita convocatoria pública para que la ciudadanía participe directamente en la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública 2025–2035, el documento estratégico que marcará el rumbo de las políticas de seguridad durante la próxima década.

El asesor en seguridad del Ministerio del Interior, Emiliano Rojido, informó que hasta el 15 de noviembre cualquier persona podrá enviar sus propuestas a través de la plataforma de participación ciudadana, mediante identificación digital. La iniciativa se estructura en siete ejes temáticos, que abarcan desde la reducción de homicidios y la violencia de género hasta el combate al narcotráfico, los ciberdelitos y la prevención del delito.

“Queremos escuchar a la gente. Si buscamos resultados distintos, debemos diseñar políticas distintas”, afirmó Rojido, al presentar la segunda fase del proceso participativo.

Una política que busca romper la inercia

El Plan Nacional —que abarca el período 2025–2035— se desarrolla en tres etapas: los encuentros presenciales con actores sociales y políticos, los eventos técnicos en distintas localidades y esta fase digital de consulta abierta, en la que la ciudadanía puede intervenir de forma directa.

La tercera etapa comenzará el 16 de noviembre, con la sistematización de todas las propuestas, que serán recogidas en un documento titulado “Síntesis de los encuentros por la seguridad”. Dicho informe se presentará el 8 de diciembre en un evento público con la participación de autoridades, académicos y organizaciones sociales.

A partir de 2026, el proceso entrará en su fase decisiva: la definición de prioridades, donde se evaluará la viabilidad normativa, financiera y operativa de cada iniciativa antes de pasar a la implementación concreta.

Una agenda de largo aliento

Uruguay ha atravesado en las últimas décadas ciclos repetidos de planes y reformas que no lograron revertir la percepción ciudadana de inseguridad. Los homicidios, el narcotráfico y la violencia de género continúan siendo los principales desafíos estructurales del país.

Rojido reconoce que el contexto es difícil, pero defiende el nuevo enfoque:

“Estamos transitando un camino diferente, con visión a largo plazo, lejos del embate político coyuntural, apostando a la evidencia científica y a la legitimidad social para afrontar problemas que son crónicos”.

El asesor destacó que el proceso ha generado “entusiasmo y esperanza” dentro del equipo de trabajo, convencido de que la clave está en construir políticas sostenidas en el tiempo, más allá de los gobiernos.

La seguridad como pacto social

El Plan no se presenta como una hoja técnica más, sino como una invitación al debate nacional sobre cómo entender la seguridad en una democracia moderna. Con su apertura a la participación ciudadana, el Ministerio busca transformar la queja social en propuesta colectiva y recuperar la confianza en la acción pública.

En tiempos donde la inseguridad suele ser tratada como arma política, Uruguay ensaya —quizás por primera vez en mucho tiempo— un modelo de escucha activa. El desafío será convertir ese diálogo en políticas concretas y sostenibles.

Hipervínculo para presentar propuestas