Las repercusiones por los denominados caso Danza y caso Cardama prometen no apagarse hasta, por lo menos, que finalice el año. Oficialismo y oposición negocian por estas horas para definir los detalles de las tres interpelaciones promovidas por la coalición y que llevarán a tres ministros a rendir cuentas ante el Parlamento en un rango de 15 días.

Es que pese a la decisión del presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, de renunciar a sus cargos en el sector privado, la oposición no solo mantuvo la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, si no que le sumó otra al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, para cuestionar la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en ese caso. El MEC es el organismo por el que la Jutep se vincula con el Poder Ejecutivo.

Diputados de la oposición se reunieron este lunes para intercambiar y afinar detalles de estas instancias. Si bien algunos diputados colorados creen que lo mejor es unificar las interpelaciones porque en el fondo son por el mismo tema, la idea que prima ahora en la oposición es la de realizar dos instancias distintas. La de Lustemberg ya está fijada para el 24 de noviembre y estará a cargo del diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo mientras que la de Mahía la oposición pretende hacerla en la primera semana de diciembre y el candidato a llevarla adelante es el diputado blanco Pablo Abdala.

Por otro lado, el Partido Nacional presentará este martes formalmente la moción para interpelar a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de iniciar las acciones para rescindir el contrato con el astillero español Cardama que estaba construyendo dos patrullas oceánicas encargadas por el anterior gobierno.

El Frente Amplio propuso a la oposición realizar la interpelación una vez que finalice el debate por el Presupuesto y los blancos están dispuestos a aceptar esta fecha si se realiza “de forma inmediata” a la finalización del tratamiento del texto, según dijo a El Observador el senador blanco y miembro interpelante, Javier García. Según el cronograma establecido, el Senado terminará de aprobar el proyecto el lunes 1° de diciembre.

Si se concretan estas tres interpelaciones, el arranque del gobierno de Yamandú Orsi estará entre los más interpelados desde la vuelta de la democracia. En total serían cinco instancias de este tipo en el Parlamento en el primer año de gobierno: a las tres mencionadas se le suman la realizada al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, por la modificación del contrato del denominado proyecto Arazatí y la del ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización.

Un trabajo del Programa de Estudios Parlamentarios de la Facultad de Ciencias Sociales repasa que entre 1985 y 2016 solo los dos gobiernos de Tabaré Vázquez tuvieron cinco interpelaciones en su primer año de gestión. El de Luis Lacalle Pou, que no está contado en ese relevamiento, apenas tuvo una interpelación y fue realizada por la bancada oficialista: el entonces diputado cabildante Eduardo Lust interpeló a cuatro ministros por el contrato que la administración de Tabaré Vázquez había firmado con UPM.

La oposición venía señalando desde hace un par de meses que existían incompatibilidades entre los trabajos que Álvaro Danza tenía en el sector privado y la presidencia de ASSE. Esta situación, revelada por el programa Así nos va de radio Carve, se basa en que el artículo 200 de la Constitución y la ley que crea ASSE como servicio descentralizado dicen que los miembros de los directorios o directores generales de este tipo de organismo no pueden “ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la institución a la que pertenecen".

Danza además de presidir ASSE tenía horas en la Asociación Española, la Médica Uruguaya y una mutualista de Soriano. Radio Carve, además, reveló que existía una superposición de horas entre el trabajo que Danza hacía al frente de ASSE y las horas de docencia que también desempeñaba.

El gobierno defendió desde el principio la situación de Danza, que antes de asumir había pedido un informe al estudio Delpiazzo que lo respaldaba, pero a medida que la oposición fue escalando sus reclamos, basado en otros informes jurídicos, decidió cambiar su postura y los principales voceros de la Torre Ejecutiva decían que la decisión final sobre la situación la iban a tomar una vez que se conociera el fallo de la Jutep que había recibido una denuncia anónima por este tema.

El jueves finalmente la Jutep se pronunció y respaldó a Danza. Sin embargo, el pronunciamiento del directorio político –con dos votos a favor y uno en contra– contradice el informe técnico que el propio organismo había realizado.

Pese al respaldo de la Jutep, Danza decidió, a pedido de la ministra Lustemberg, dejar sus trabajos en la actividad privada. Sin embargo, lejos de apaciguar las aguas, la coalición retrucó con otros dos movimientos: además de interpelar a Lustemberg, planteó convocar a Mahía y también adelantó que le pedirá una reunión al presidente Orsi por este tema.

Por otro lado, en el Senado la oposición va a interpelar a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por la decisión del gobierno de iniciar las acciones para rescindir el contrato con Cardama. El presidente Yamandú Orsi dijo en conferencia de prensa el 22 de octubre que había “indicios fuertes” de fraude o estafa al Estado porque el Poder Ejecutivo descubrió que una de las empresas presentadas como garantía era “de papel”.

Eurocommerce Bank, la empresa presentada por Cardama como garantía de fiel cumplimiento por unos US$ 4 millones, fue disuelta en los últimos días y prácticamente no tiene actividad desde 2021. Ante este hallazgo, el gobierno decidió empezar los caminos para rescindir el contrato.

Sin embargo, desde la oposición cuestionan la decisión del Poder Ejecutivo y aseguran que hay una motivación política detrás de esta decisión. Tanto Javier García como otros actores de la oposición cuestionaron al presidente por intentar rescindir el contrato por un tema “secundario” mientras avanza la construcción de las patrullas.