En ochenta días, el gobierno de Yamandú Orsi pasó de una defensa cerrada a que Álvaro Danza mantuviese horas en mutualistas a la vez que preside ASSE, a anunciar este jueves que el grado 5 accedió a renunciar al sector privado. "Entiendo el contexto y la carga mediática que esto ha generado y con el profundo interés de que no se desvíe el único objetivo por el que estamos acá (...), le propuse al presidente de ASSE que durante su mandato suspenda sus actividades privadas y se dedique a la construcción de nuestro prestador público”, comunicó en la tarde la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

No influyó en ese desenlace el controvertido fallo favorable de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), ni siquiera cuando el gobierno –recién a partir del día 71 desde que Así nos va (radio Carve) dio a conocer el multiempleo de Danza– incorporó por primera vez a su discurso de respaldo tajante, el factor de que iban a actuar en función de lo que informara ese organismo.

Danza aceptó el ofrecimiento de Orsi a fines del año pasado con la seguridad de que la presidencia de ASSE no sería impedimento para mantener su actividad particular. “Antes de asumir, sí pensé en renunciar a mi trabajo. Lo hablé mucho en mi casa”, contó a El Observador en setiembre. Lo “súper” conversó con el presidente electo y su designado prosecretario Jorge Díaz, que dieron luz verde para su continuidad, mientras que él encargó un informe al estudio Delpiazzo para blindarse jurídicamente.

En febrero sí renunció a su cargo como Jefe de Departamento de Medicina y Especialidades Médicas de la Asociación Española. Ahí mantuvo en cambio 12 horas mensuales de atención en policlínicos a casos especiales derivados por otros médicos, más otras cuatro horas por mes tanto en Médica Uruguaya como en el Centro Asistencial Médico de Soriano (CAMS). Solo con esos tres ingresos sumaba por mes más de $300 mil, casi el triple que los $130 mil que percibe como presidente de ASSE.

Álvaro Danza y Cristina Lustemberg Foto: Gastón Britos / FocoUy

Ya en funciones y destapado el pandemónium con la oposición, aseguró que el debate no lo tomaba “para nada por sorpresa” y que “para nada” se planteaba dimitir. A poco de asumir había hablado con el expresidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne, quien le recomendó que tuviera impreso y a mano sobre el escritorio de su despacho el Código de Ética. Y así lo hizo, a menudo mostrándolo en discusiones sobre temas delicados de gestión.

Pasaron 81 días para que cambiara de posición.

Danza se dijo agobiado por la constante polémica en medios y redes. Muchas veces discutió sobre el tema con Lustemberg y con Orsi. Ya enojado por la afectación a su vida privada, denunció el jueves 30 en delitos informáticos a varios usuarios de redes que lo escracharon. Uno de ellos fue el abogado Fabrizio Bacigalupo, quien a través de la cuenta El Informante publicó una captura falsa sobre que el jerarca contrató en ASSE con un sueldo de $270 mil a su hijo, que tiene 14 años de edad.

Con Orsi, de quien es médico personal, desde un inicio advirtió que no quería que la exposición en ASSE afectara a su familia. Al comenzar la semana, en el Ministerio de Salud Pública se hablaba de que Danza estaba “enojado” y “desgastado”, que el informe de la Jutep pasaba a segundo plano. Sobre esas horas, Lustemberg le habló de “bajar el ruido”. Ahí decidieron que Danza renunciaría a las mutualistas, según pudo reconstruir El Observador, para deshacerse de una vez del “ruido”. En la semana lo anticipó a las autoridades de las tres mutualistas y se despidió de sus colegas.

El anuncio oficial llegó tres días después, en la misma jornada en que los dos representantes del Frente Amplio en la Jutep –la presidenta Ana Ferraris y el vice Alfredo Asti– laudaron que “no existe incompatibilidad” entre la presidencia de ASSE y el resto de sus trabajos, pese a que la Asesoría Letrada del organismo había entendido que sí la había, “violentando” el artículo 200 de la Constitución, el artículo 9 de la ley de descentralización de ASSE, el artículo 26 de la “Ley Cristal” y el 31 del Código de Ética Pública, el mismo que desde el día uno dejó impreso sobre su escritorio. El delegado por el Partido Nacional, Luis Calabria, fundamentó en contra

La resolución por mayoría abrió otro flanco para el gobierno: la oposición denunció que era un “salvataje político”, que violaba “la ética y la transparencia”, y sumó una interpelación al Ministerio de Educación y Cultura, por ser el nexo formal de la Jutep con el Parlamento. El Poder Ejecutivo justificaría en las horas subsiguientes que los informes jurídicos no son vinculantes y que la resolución política es la forma que tiene el Estado de laudar sus discusiones, bajo la premisa de que sino “sería la dictadura de los escribanos”.

Lo cierto es que FA y coalición, según de qué lado del mostrador estuvieran, han criticado en múltiples casos –desde las burlas de Juan Sartori a sus obligaciones con las declaraciones juradas hasta el fallo favorable al intendente blanco de Lavalleja por contratar a su hermano– la motivación política y no jurídica de la Jutep, en especial tras la salida de Gil Iribarne, quien en varias ocasiones falló en contra de su propio gobierno bajo la segunda administración de Tabaré Vázquez.

El Partido Comunista incluso descabezó a quien era su vocal en la Jutep en 2021 por votar una resolución sobre el Antel Arena que era contraria a los intereses del Frente Amplio y de la entonces intendenta Carolina Cosse. Asumió entonces como representante de la oposición Ana Ferraris, ahora presidenta del organismo. Carolina Cosse, a poco de jurar como vicepresidenta, sostuvo a fines de enero que para ella la Jutep “no debería ser un órgano de dirección política, sino autónomo, técnico y de carrera”. También deslizó que “seguramente” iba a “estar sola en esta discusión”.

Inquietud en el FA

Con su renuncia a las mutualistas, Danza resignó buena parte de sus ingresos e incluso ha manejado que deberá hacer cambios en su vida privada, como vender su auto y que su esposa tome más horas de policlínico como pediatra. En el Poder Ejecutivo también temen que el jerarca haya quedado desgastado y propenso a dar un paso al costado si llega a percibir algún tipo de afectación a su familia.

ASSE - Álvaro Danza y Cristina Lustemberg Foto: Martín Martínez / FocoUy

“No soy un político de profesión, soy un médico de profesión. Estas semanas fueron muy difíciles a nivel personal y humano”, declaró Danza este jueves, quien habló de “muchísimo estrés” y “tensión”. “Debí hacer una denuncia penal por difamación a uno de mis hijos de 14 años. Eso no salió por generación espontánea, sino porque hay políticos, eso sí, de carrera, que han caído en el agravio inescrupuloso y en el hostigamiento cruel que hace que otros lo canalicen con calumnias y con infamias incalificables”, acusó.

La vicepresidenta Cosse llegó a decir en la previa que Uruguay “se debe” una discusión sobre los salarios a los presidentes de los organismos públicos, porque si no “se los lleva el sector privado”. “Si la vicepresidenta nos quiere aumentar el sueldo, bienvenido sea”, contestó Danza en la conferencia. “No es una decisión que la pueda tomar yo, la tiene que tomar el Parlamento nacional”.

Los dirigentes del Frente Amplio, por su parte, cerraron filas bajo la premisa de que había sido víctima de un ensañamiento y esgrimieron que Danza “resigna lo personal a lo colectivo en la salud”, al decir del senador Eduardo Brenta.

Puertas adentro no faltaron voces críticas por cómo se manejó el tema, con varios legisladores que en conversaciones de pasillo temían que la postura intransigente del gobierno sobredimensionara el problema. “Se podría haber evitado”, ilustró un dirigente para esta nota. El diputado astorista Luis Gallo, extitular de la Junta Nacional de Salud, había opinado en conversaciones políticas que el multiempleo de Danza era “incompatible” con las normas y que era necesario “no dejar crecer” el tema, según pudo reconstruir El Observador.

En una publicación compartida entre frenteamplistas, Fernando Cáceres, exsecretario de Deportes e integrante del sector Progresistas, escribió en sus redes que el anuncio del jueves había sido “un final tan previsible como evitable”. “Se extendió la agonía de un asunto que termina debilitando al gobierno, al profesional involucrado, a la sensatez política y a la abnegación básica de la función pública. La autocrítica debe superar su versión declarativa y consumarse en hechos”.

Jutep planteó reglamentar por ley el artículo 200

Los presidentes de directorios de entes y servicios descentralizados (como ASSE) no podrán “ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la institución a la que pertenecen”, establece el artículo 200 de la Constitución de la República, germen del cuestionamiento de la oposición a Danza.

ASSE - Álvaro Danza y Cristina Lustemberg Foto: Martín Martínez / FocoUy

Pese a que la Asesoría Letrada estableció que en este caso se había “violentado” esa disposición, la resolución por mayoría de la Jutep entendió que “si nos atenemos al tenor literal, no se podría ejercer en forma simultánea el cargo” de presidente de ASSE “con cualquier otra tarea (profesión o actividad), que directa o indirectamente se relacione con dicha Administración”. “Un texto tan laxo o amplio, como el artículo 200 de la Constitución, debería ser reglamentado por ley que determine el alcance de la expresión "profesiones o actividades que....indirectamente, se relacionen con la Institución a que pertenecen...", estableció el informe aprobado por Ferraris y Asti.

Según la Jutep, “el espíritu de ese artículo “se compone de dos finalidades: evitar que el cargo del director de ASSE permita o favorezca la obtención de alguna ventaja económica o burocrática y evitar que esa finalidad ataque las actividades de docentes”. Por eso, citando a Delpiazzo, indicaron que “debe ser interpretada racionalmente y de forma restrictiva, buscando la ratio que se intenta prevenir, que sería evitar el conflicto de interés”, al tiempo que “el único elemento en común entre el trabajo en las prestadoras privadas y el cargo de presidente de ASSE, radica en el giro de las entidades” en la salud, pero que “no por ello opera la incompatibilidad, ya que no existe posibilidad de que se configure una conjunción peligrosa del interés público con el privado”.