En Rocha, la edil departamental Laura Moreno presentó un pedido de informes que apunta al funcionamiento de la línea de atención al suicidio y personas en crisis de la Intendencia. El planteo cuestiona datos básicos: número de contacto, cantidad de técnicos, horarios y si la coordinación está en manos de un responsable político o profesional. Con esta iniciativa, Moreno busca respuestas sobre un servicio que fue promesa de campaña del Partido Nacional y que hoy sigue rodeado de dudas.

En Rocha, donde las estadísticas de suicidio golpean como una herida abierta, la edil departamental Laura Moreno presentó un pedido de informes que expone las contradicciones del gobierno departamental del Partido Nacional.

La iniciativa, dirigida al Ejecutivo, pone sobre la mesa un tema que atraviesa familias, barrios y comunidades: la línea de atención al suicidio y personas en crisis, anunciada como parte del programa de gobierno 2020-2025, pero que hoy sigue envuelta en dudas.

Moreno no pregunta cifras abstractas: reclama respuestas concretas que tocan el corazón del problema. ¿Cuál es el número de teléfono disponible para la ciudadanía? ¿Dónde funciona? ¿Cuántos técnicos trabajan y qué formación tienen? ¿La coordinación es política o profesional? ¿Qué horarios cubre la línea que debería estar activa para salvar vidas?

Las preguntas, en apariencia simples, revelan un trasfondo inquietante: un servicio que nació como promesa electoral, pero cuya operativa real no se conoce. La edil interpela al oficialismo con la fuerza de lo que no puede esperar: la salud mental de un departamento con tasas de suicidio que superan la media nacional.

El silencio institucional contrasta con la urgencia social. En un tema donde cada minuto importa, la falta de respuestas no es un detalle burocrático, sino una señal de ausencia del Estado. Con su pedido, Moreno rompe esa inercia y obliga al gobierno a rendir cuentas sobre un compromiso que no se mide en discursos, sino en vidas.